Medellín lanza ofensiva contra el uso indebido de viviendas para alojamiento turístico

Foto: Alcaldía de Medellín

La Administración Distrital de Medellín ha redoblado sus esfuerzos para combatir la proliferación de alojamientos temporales ilegales en zonas residenciales, una problemática que se ha agudizado con el auge de las plataformas digitales de renta corta. Con el objetivo de restaurar el equilibrio en los vecindarios, las autoridades han intensificado las inspecciones y los procesos sancionatorios.

El Observatorio Inmobiliario de Medellín reveló que durante el primer semestre del año, el 80 % de la oferta de renta corta se concentra en comunas como El Poblado, Laureles, Belén, La Candelaria y el corregimiento Santa Elena. En estas áreas, las inspecciones han sido prioritarias, dando lugar a la apertura de procesos administrativos sancionatorios donde se han detectado claras violaciones al uso del suelo. En lo que va del año 2025, la ciudad ya registra la suspensión temporal de ocho establecimientos que operaban sin cumplir la normativa.

Juan Manuel Velásquez Correa, secretario de Gestión y Control Territorial, enfatizó la gravedad de la situación. “Estamos enfrentando una creciente utilización de inmuebles para vivienda turística, tanto en la zona urbana como rural. Uno de los temas más reiterativos es la utilización de viviendas en zonas residenciales de baja mixtura, donde no están permitidos estos alojamientos”, señaló. El funcionario destacó que ya se ha solicitado la anulación de más de 2.000 Registros Nacionales de Turismo en servicios que incumplen la norma y se están revisando licencias de construcción de oficinas que terminan siendo utilizadas con fines turísticos.

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Barrios como El Poblado y Laureles, diseñados para la vida familiar estable, experimentan una ruptura en su equilibrio social. El flujo constante de personas por periodos cortos altera la dinámica de los vecindarios y genera molestias que afectan la convivencia, desvirtuando su vocación original.

La Subsecretaría de Control Urbanístico ha generado 117 informes técnicos para verificar el cumplimiento normativo, identificar irregularidades y sustentar sanciones bajo el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). De manera conjunta, las secretarías de Gestión y Control Territorial, Seguridad y Convivencia, y Turismo y Entretenimiento, realizan operativos para informar a propietarios y administradores sobre las normativas y fomentar la sana convivencia.

Además, el Departamento Administrativo de Planeación está revisando el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para convertirlo en una herramienta que promueva la legalidad. Esta revisión incluye estudios técnicos en colaboración con universidades para actualizar las normas de uso del suelo, regular los alojamientos temporales y reconocer nuevas formas residenciales, siempre adaptándose a las dinámicas actuales de la ciudad.