
La obra del intercambio de Mayorca, en los límites de Envigado y Sabaneta, la misma que se anunció con bombos y platillos en la última semana de 2024, no se podrá ejecutar, al menos por ahora. Todo porque la Procuraduría ordenó ejecutar este proceso por irregularidades en el proceso de contratación del proyecto de 53.000 millones de pesos, el cual es liderado por la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado (DESur).
Una de las principales anomalías tienen que ver con un convenio interadministrativo entre DESur y la Alcaldía de Envigado para esta obra, teniendo en cuenta que se estaría vulnerando el artículo 56 de la ley 2195 de 2022, bajo el argumento que DESur sería una empresa del Estado que estaría dentro del organigrama de la Alcaldía de Envigado, haciendo que otros oferentes para las obras se vean afectados por su naturaleza jurídica.
“Preocupa al ente de control la inexistencia en los documentos previos de un estudio claro de la ventaja y el valor que representa la contratación con la DESur para la realización de obras públicas, en lugar de realizarlo directamente el municipio de Envigado, limitándose a constatar la naturaleza jurídica de la entidad ejecutora”, señaló uno de los apartes del documento enviado al alcalde de Envigado, Raúl Cardona y al gerente de DESur, Esteban Salazar Ramírez.
Ante esto, la normatividad obligaría a que sea necesario realizar un proceso licitatorio, en igualdad de condiciones, entre la empresa estatal y los oferentes privados para evitar vulnerar los principios de igualdad y libre competencia que se buscan dentro de este proceso y más para una obra de tal magnitud.
“La ejecución del objeto contractual a través de la ‘INVITACIÓN ABIERTA DESur-IA-168-2025’ desconoce los presupuestos de la Ley 489 de 1998, en atención a que, dadas las obligaciones a desarrollar y la cuantía de las obras, dicho objeto contractual correspondería a las modalidades de selección ordinarias de la Secretaría de Obras Públicas de Envigado“, señaló el documento en otro de sus apartes.
Debido a esta situación, la Procuraduría ordenó la revisión de la información de dos oferentes privados que participaron en el proceso para construir esta obra, el Consorcio Mayorca Conecta y otra por el Consorcio Intervengas MICC, las cuales se encontraban en etapa de evaluación preliminar.
“Se evidencia que la empresa DESur incurrió en una presunta omisión de la Ley 2195 de 2022, teniendo en cuenta el fundamento normativo que se ha puesto de presente y comoquiera que el presente proceso de contratación se deriva del cumplimiento de un convenio interadministrativo entre DESur y el municipio de Envigado, es decir, una entidad pública sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por lo que debe aplicar los documentos pliego tipo”, indicaron desde el Ministerio Público.
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Debido a esta información, desde DESur ordenaron suspender todo el proceso mientras se dan respuestas a los requerimientos enviados por la Procuraduría y de acuerdo con el gerente Salazar, esta medida se toma porque “responde exclusivamente a un acto de prevención y de colaboración institucional, y no obedece a ninguna decisión judicial o disciplinaria que indique que DESur haya incurrido en irregularidades o vulneraciones a los principios de la contratación estatal”.
Así mismo defendió todo el proceso de contratación con argumentos jurídicos y técnicos, además de señalar que esta empresa no está dentro del organigrama de la Alcaldía de Envigado, contrario a los señalamientos de esta entidad y que todos sus procesos los realiza con base en la normatividad vigente. “Somos un ente descentralizado con funciones legales específicas que nos habilitan para ejecutar obras públicas”, expresó el gerente de DESur.
Por ahora el proceso de contratación de esta obra que consta de un puente que conecta de sur a norte, con tres carriles en ambas calzadas y con intervenciones en la glorieta para construir carriles en sentido oriente-occidente, se encuentra suspendido hasta que la Procuraduría dé vía libre, de nueva cuenta, al proceso de contratación y con ello su posterior construcción, el cual se estima que duraría 25 meses.
El gerente de esta empresa de desarrollo urbano aseguró que en los últimos cinco años ejecutó más de 130 proyectos en cinco años, de los cuales el 95% de las mismas se hizo bajo el mandato, sin representación y administración de recursos mediante convenios interadminsitrativos.