Militares y uniformados andaban bacaneados vendiendo armamento a las disidencias de las Farc

La Fiscalía General de la Nación dio un golpe contundente contra una red de tráfico de armamento militar al capturar a 11 presuntos integrantes de una organización criminal especializada en el hurto y comercialización de armas, municiones y explosivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Colombia.

Los detenidos operaban un esquema delictivo que abastecía de material bélico a estructuras de disidencias de las FARC en los departamentos de Cauca, Tolima, Meta y Arauca, así como a bandas criminales urbanas que delinquen en Bogotá.

Un juez de control de garantías en Bogotá les imputó los delitos de asociación para delinquir agravada, fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, porte ilegal de armamento y municiones, y uso indebido de uniformes e insignias militares.

La organización empleaba salvoconductos expirados para engañar a establecimientos comerciales autorizados para la venta legal de municiones, aprovechando los vacíos en los controles de verificación.

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Según las pesquisas, la red estaba compuesta por una combinación de personal militar activo y retirado del Ejército Nacional y la Policía Nacional, junto con civiles que utilizaban negocios legítimos como pantalla para encubrir sus actividades ilícitas.

Por su parte, Alberto Hernando, ex intendente de la Policía Nacional, habría fungido como uno de los líderes de la organización, encargándose del reclutamiento de personas con acceso a Indumil para facilitar la extracción de armas de fuego y municiones que posteriormente se vendían con documentación falsificada.

Durante la audiencia judicial, ocho de los procesados aceptaron los cargos imputados.

El juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los implicados, considerando la gravedad de los delitos y el riesgo que representan para la seguridad nacional.

Durante los operativos se incautó un arsenal considerable que incluye: 20 salvoconductos vencidos, 3.184 cartuchos de diversos calibres, 6 componentes de fusil, 67 cargadores para diferentes tipos de armas, 13 pistolas, 16 rifles, 7 revólveres, 1 lanzagranadas, 1 subametralladora, 5 escopetas, 4 carabinas, 1 detonador eléctrico, 55 uniformes camuflados similares a los utilizados por las Fuerzas Militares y $45.000.000 en efectivo.

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Este golpe representa un avance significativo en la lucha contra el tráfico ilegal de armas que alimenta la violencia en diferentes regiones del país y fortalece a grupos armados ilegales.

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