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La Fiscalía General de la Nación solicitó una sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta un juicio por los delitos de soborno de testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal. La petición fue presentada por la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlenne Orjuela, ante una jueza de Bogotá.
«Pruebas practicadas con inmediación y bajo su dirección han sido concluyentes hoy con pleno respeto de las garantías procesales, con comparece el ente fiscal a solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez en su calidad de determinador de las conductas punibles de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno, conforme a los artículos 453, 444A y 444 del Código Penal colombiano», indicó la fiscal Orjuela.
Esta solicitud se dio durante los alegatos finales del juicio, que comenzaron este martes luego de culminar la etapa probatoria, la cual incluyó 57 diligencias a lo largo de cuatro meses.
«La estructura probatoria desplegada en esta audiencia, como lo fueron declaraciones, interceptaciones legales, documentos, registros audiovisuales y el contexto fáctico integral, no sólo ha superado con suficiencia el estándar de certeza, sino que ha dejado sin asomo de duda que el acusado ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigos clave como Juan Guillermo Monsalve Pineda y Pablo Hernán Sierra García, y construir una narrativa exculpatoria que favoreciera sus intereses personales», añadió Orjuela.
El proceso judicial
El juicio contra el exmandatario, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, inició el pasado 6 de febrero. La fiscal Orjuela presentó 37 testigos, además de videos, audios, fotografías y documentos como parte del material probatorio.
El caso se remonta al año 2012, cuando Uribe denunció al entonces senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación contra el congresista. En cambio, inició un proceso contra Uribe al considerar que, presuntamente, fue él quien intentó influir en testigos.
En agosto de 2020, Álvaro Uribe renunció a su curul en el Senado para que su caso pasara de la Corte Suprema a la justicia ordinaria. La Fiscalía, en su momento, consideró que no había pruebas suficientes para llevarlo a juicio, decisión que fue apelada por las víctimas del proceso.
La defensa del exmandatario solicitó en dos ocasiones el archivo del caso, pero dichas peticiones fueron rechazadas por un juzgado de primera instancia y posteriormente por el Tribunal Superior de Bogotá. Finalmente, en 2024, la Fiscalía presentó formalmente la acusación y el juicio comenzó este año.
Las víctimas del caso sostienen que Uribe, a través del abogado Diego Cadena, intentó sobornar a testigos en prisión —entre ellos el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve— para que se retractaran de sus señalamientos en contra del expresidente y así debilitar la denuncia por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Aún no se ha establecido la fecha en la que la jueza emitirá el veredicto.
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