Comunidades de Amalfi piden frenar los bombardeos en zonas habitadas y anuncian acciones ante la CIDH

Las comunidades campesinas del núcleo zonal de Arenas Blancas, en el municipio de Amalfi, Nordeste de Antioquia, hicieron público un pronunciamiento en el que rechazaron el bombardeo realizado el pasado 10 de julio en la vereda La Areiza y solicitaron al Estado colombiano adoptar medidas para evitar que este tipo de operaciones militares vuelvan a poner en riesgo a la población civil.

El comunicado fue suscrito por representantes de las veredas San Miguel, La Areiza, El Tigrillo, La Picardía y Arenas Blancas, quienes expresaron su preocupación por las consecuencias que, aseguran, dejó la operación en la zona rural del municipio.

Además, anunciaron que su representación jurídica adelantará las gestiones necesarias para solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el propósito de reforzar la protección de las comunidades frente a posibles hechos similares.

Piden garantías para la población civil

En el pronunciamiento, los líderes comunitarios señalaron que su principal petición es que no se realicen bombardeos en territorios donde habitan familias campesinas.

«Las comunidades campesinas del Núcleo Zonal de Arenas Blancas exigimos que nunca más se bombardeen territorios donde habita población civil».

Asimismo, insistieron en que la población rural no debe verse expuesta a operaciones que comprometan su seguridad y permanencia en el territorio.

«Las comunidades campesinas no podemos seguir siendo expuestas a bombardeos ni a operaciones militares que pongan en riesgo nuestras vidas, nuestras familias, nuestros bienes y nuestro derecho a permanecer en el territorio».

Los voceros recordaron que niños, niñas, mujeres, adultos mayores y trabajadores del campo hacen parte de la población civil protegida por la Constitución, el Derecho Internacional Humanitario y los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Solicitan investigación y reparación integral

Dentro del documento, las comunidades formularon varias solicitudes dirigidas al Estado colombiano. Entre ellas, pidieron que se adelante una investigación independiente, imparcial y transparente sobre lo ocurrido en la vereda La Areiza.

Esto le podría inte

También solicitaron medidas efectivas de protección para las comunidades del núcleo zonal de Arenas Blancas, la reparación integral de las personas y bienes que resultaron afectados y garantías de no repetición para evitar que futuras operaciones militares vuelvan a comprometer la seguridad de la población civil.

Según manifestaron, estas peticiones son independientes de las investigaciones que actualmente adelantan las autoridades sobre las circunstancias y la legalidad del operativo militar.

Anuncian acciones ante la CIDH

Las comunidades informaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares que permitan proteger a los habitantes de la zona frente al riesgo de nuevas operaciones militares.

En el comunicado también enfatizaron que su pronunciamiento no pretende cuestionar las estrategias militares del Estado, sino reclamar el cumplimiento de las normas que protegen a la población civil durante los conflictos armados.

Además, insistieron en que su pronunciamiento no representa un respaldo a ningún grupo armado, sino una defensa de la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades que habitan el territorio.

El pronunciamiento surge tras el operativo en La Areiza

La declaración fue divulgada luego del bombardeo realizado el pasado 10 de julio en la vereda La Areiza, zona rural de Amalfi, un hecho que, según la información oficial, dejó dos personas muertas.

Posteriormente, habitantes del sector denunciaron afectaciones a bienes de la población campesina, situación que motivó el pronunciamiento colectivo de las comunidades.

El documento concluye con un llamado para que las autoridades adopten medidas que garanticen la protección de los habitantes rurales y eviten que los territorios donde vive población civil vuelvan a convertirse en escenario de operaciones que puedan poner en riesgo su vida, su integridad y sus bienes.