En septiembre de 2023, a la casa de los padres de Luis Alberto Pino Soto, a quien buscan hace cuatro décadas, cuando desapareció a sus 15 años, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), llegó una notificación de un juzgado de Arica, en el extremo norte de Chile, donde su hijo era citado por no ir a votar en las elecciones de consejeros constitucionales de mayo, de acuerdo con los registros del Servicio Electoral (Servel): la ley de sufragio obligatorio sanciona a quien no acude a las urnas, si no presenta una justificación. La carta no solo fue escalofriante y un nuevo dolor para la familia, que tiene una herida abierta desde el 1 de julio de 1986, cuando vio por última vez a Luis. También dejó en evidencia, tiempo después, un error administrativo del Estado que se arrastró por años y que, al corregirse, derivó en que el adolescente haya sido reconocido oficialmente este jueves como una de 1.469 personas desaparecidas, en una ceremonia en Arica: su nombre no quedó en los registros del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig, que impulsó Patricio Aylwin (1990-1994), el primer presidente de la transición democrática y en el que se identificó a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Un adolescente de 15 años, desaparecido en 1986, es reconocido oficialmente como víctima de la dictadura de Pinochet
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