Sector de construcción perdió 136.000 empleos en 2025 y enfrenta nuevas presiones por salario mínimo y aranceles

El sector de la construcción en Colombia atraviesa uno de sus momentos más críticos en más de una década.

Durante la Asamblea de afiliados de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), su presidente, Guillermo Herrera, reveló el deterioro del sector: 136.000 empleos se han perdido, en medio de presiones por el salario mínimo, el alza en insumos y nuevas medidas arancelarias.

Lo anterior se concluye de las cifras basadas en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del 2025, realizada por el Dane, y permite identificar el número de personas cesantes que reportaron que su último empleo estuvo asociado a la construcción.

“Hoy es el sector con mayores niveles de desempleo a nivel nacional y también el que más cae en el PIB”, afirmó el dirigente durante la Asamblea del gremio, al alertar que la situación ya dejó de ser un problema sectorial para convertirse en un asunto económico y social.

Herrera no se quedó en la cifra. Explicó que el deterioro del empleo es la consecuencia visible de un problema más profundo: la caída en la producción de vivienda, que hoy está lejos de responder a la formación anual de hogares en el país. Mientras Colombia suma cerca de 390.000 nuevos hogares cada año, la oferta apenas alcanza las 115.000 unidades anuales, lo que amplía el déficit y presiona todo el mercado.

Ese desbalance, según el dirigente, ya se está trasladando a la vida cotidiana de los hogares. Menos vivienda nueva significa más presión sobre el arriendo —que pesa más del 20% en la canasta familiar—, alzas en la vivienda usada y un aumento de fenómenos como la cohabitación o la informalidad. “Esto lo empiezan a pagar todos los colombianos”, advirtió.

Las cifras presentadas por el gremio muestran que la construcción de vivienda no solo lidera la caída en el PIB sectorial, sino que también concentra uno de los mayores niveles de desempleo del país. El retroceso es tal que el sector volvió a niveles de actividad de hace más de una década.

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Uno de los puntos más críticos del diagnóstico fue el aumento del salario mínimo para 2026. Herrera cuestionó que la decisión se haya ubicado muy por encima de la suma de inflación y productividad, generando una brecha cercana al 17%.

El efecto, explicó, es directo sobre los costos: los costos de construcción de nuevos proyectos subirían entre 10% y 15%. La mano de obra, que representa entre el 20% y el 30% del total, transmite el aumento a toda la cadena.

Incluso sectores aparentemente menos intensivos en trabajo, como pinturas o insumos industriales, terminan ajustando precios por su dependencia de proveedores más pequeños.

El problema, añadió, es que la estructura empresarial del sector limita la capacidad de respuesta. El 90% de las compañías son mipymes y, según datos de la Superintendencia de Sociedades citados por Camacol, más de la mitad tiene márgenes netos inferiores al 2,5%. En ese contexto, absorber aumentos de costos resulta inviable.

A la presión laboral se suma la regulatoria. Herrera advirtió que medidas como el arancel del 35% a insumos importados, especialmente acero, pueden terminar encareciendo aún más los proyectos.

Aunque la intención es proteger la industria nacional, el efecto inmediato —según el gremio— es restringir la oferta y elevar los precios en un momento en que el sector ya enfrenta dificultades para sostener su actividad.

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El frente financiero tampoco ayuda. El incremento en los rendimientos de los TES está empujando hacia arriba las tasas hipotecarias, que ya superan el 13% y podrían seguir subiendo en los próximos meses.

Esto cierra el círculo: mayores costos de construcción, precios más altos de vivienda y créditos más caros terminan reduciendo la demanda, afectando nuevamente la producción y el empleo.

En la apertura del evento estuvo el constitucionalista Mauricio Gaona, quien puso el foco en los riesgos de política económica.

Gaona advirtió que decisiones como los aranceles a materiales estratégicos o el manejo del déficit fiscal —que presiona al alza los TES— pueden tener efectos en cadena sobre sectores como la construcción. También alertó sobre señales que podrían afectar la confianza inversionista, en un momento en que el país necesita capital para reactivar su aparato productivo.

Gaona señaló que decisiones recientes del Gobierno están impactando directamente al sector: “Medidas como los aranceles al acero encarecen los insumos y afectan la capacidad del sector constructor. Se busca proteger la industria nacional, pero sin medir los efectos sobre otros sectores”.

También cuestionó el rol del Estado en la economía: “Se está instalando la narrativa de que el Estado decide qué proyectos se hacen y cuáles no, desplazando al sector privado. Eso tiene consecuencias económicas directas”.

El balance final de Camacol es que la crisis de la vivienda dejó de ser un asunto gremial. La menor oferta está alimentando la inflación, deteriorando el acceso a vivienda formal y afectando el empleo en uno de los sectores más intensivos en mano de obra.

“La caída del sector está pasando factura macroeconómica y social al país”, resumió Herrera.

En ese contexto, el gremio hizo un llamado a revisar las decisiones de política pública que están impactando los costos, el financiamiento y la confianza, advirtiendo que, de no corregirse el rumbo, la vivienda podría dejar de ser motor de crecimiento para convertirse en un factor adicional de desaceleración económica.

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