“Sé que es doloroso, pero esa fue la guerra”: exintegrantes de las Farc en la JEP sobre crímenes en el Oriente antioqueño

Durante cinco días de audiencia, ocho exintegrantes del Bloque Noroccidental de la antigua guerrilla de las Farc-EP rindieron versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en la cual entregaron información sobre su participación en masacres, homicidios selectivos, tomas guerrilleras; en especial, en Nariño (1999) y Granada (2000), Oriente antioqueño; y desplazamientos forzados, daños a infraestructura pública y privada, entre otros hechos ocurridos en Antioquia, Caldas y algunas zonas de Córdoba, donde operó esta estructura.

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“Vinimos con el compromiso de decir la verdad, aunque sea duro. Sé que es doloroso, difícil, pero esa fue la guerra que vivimos. Pedimos que nos dejen hacer acciones de reparación en los territorios donde hicimos la guerra”, dijo Jesús Mario Arenas, conocido con el alias de Marcos Urbano en la guerrilla, antes de desmovilizarse.

La audiencia se llevó a cabo en Medellín entre el 11 y el 15 de agosto, como parte del Caso 10 de la JEP, que investiga los crímenes más graves atribuidos a las Farc-EP durante el conflicto armado, que por su gravedad no pueden recibir perdón judicial, sino que deben ser investigados, juzgados y sancionados.

Violencia en Nariño, San Rafael y Granada

Aportaron información sobre la toma de Granada, el 6 de diciembre del 2000. La incursión inició con la detonación de un carro bomba frente a la estación de policía, dejando al menos 23 personas muertas, entre ellas civiles, adultos y niños, además de policías. Los comparecientes explicaron que, en ese momento, “tenían la orden de atacar las estaciones de policía como estrategia para afectar al Estado y fortalecer su presencia territorial”.

Asimismo, los comparecientes hablaron de la voladura del puente Danticas en San Rafael, en 2003. Como consecuencia, una ambulancia que se movilizaba en horas de la madrugada cayó al abismo, causando la muerte de una enfermera y dos mujeres más. En la audiencia, los exintegrantes de las Farc-EP también admitieron haber cometido atentados para presionar el pago de las extorsiones.

La magistratura también profundizó sobre la toma de Nariño, ocurrida el 30 de julio de 1999. Cerca de 10 policías y siete civiles murieron, entre ellos algunos menores de edad. Además, alrededor de 20 personas resultaron heridas, y hubo afectaciones a entidades como el hospital municipal y el Banco Agrario.

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La magistratura cuestionó la forma de operar de los frentes 9, 18, 36, 47, Aurelio Rodríguez y el frente Urbano Jacobo Arenas. Además, los antiguos miembros de las Farc-EP reconocieron que muchas de las acciones perpetradas tenían la intención de hacer frente a la fuerza pública y a los grupos paramilitares que iniciaron una contraofensiva desde inicios del año 2000.

Entre los comparecientes que asistieron a las jornadas estuvieron Luis Óscar Úsuga, quien fue conocido como Isaías Trujillo o El viejo, último comandante del Bloque Noroccidental. También estuvieron presente Jesús Mario Arenas Rojas, quien fue conocido como Marcos Urbano; Jhover Man Sánchez Arroyave, quien fue conocido como Manteco o Rubén Cano; Martín Cruz Vega, quien fue conocido como Rubín Morro; Ovidio Antonio Mesa, quien fue conocido como Anderson; Rodolfo Restrepo Ruiz, quien fue conocido como Víctor Tirado; Pedro Baracutao García Ospina, quien fue conocido como Pedro Baracutao, y Hernán Gutiérrez Villada, quien fue conocido como Gaddafi.

Iniciativas de paz

Los comparecientes también hablaron de iniciativas en las que vienen trabajando en favor de las víctimas y como parte de su proceso de reincorporación a la vida civil. Por ejemplo, mencionaron su trabajo en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en la Corporación Humanitaria Reencuentros.

También hablaron del libro Cart(a)grafías de memoria: tejidos de reconciliación, un proyecto de reparación simbólica que contiene cartas de jóvenes de Nariño con las que interpelan a excombatientes de las Farc-EP y las respuestas que ellos les dieron a los jóvenes tras dejar las armas.

En los próximos meses, las víctimas podrán hacer observaciones a lo dicho por los comparecientes de las Farc-EP ante la JEP. Luego, la Sala de Reconocimiento de Verdad contrastará las versiones de los comparecientes, las observaciones de las víctimas, los informes de la sociedad civil, los procesos de la justicia ordinaria, entre otros.

De esta manera avanzará la investigación judicial para decidir quiénes son los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos, así como los daños que causaron a las víctimas, sus comunidades y sus territorios.

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