Ordenan cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por corrupción en la UNGRD

En una decisión que sacude el panorama político nacional, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó este jueves enviar a prisión preventiva a los exministros del Gobierno de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Invías.

La medida de aseguramiento intramural fue decretada por la magistrada Aura Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal. Aunque la Fiscalía había solicitado inicialmente detención domiciliaria, el tribunal consideró que la gravedad de los hechos y los riesgos procesales justificaban la privación de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal.

Acusaciones y delitos imputados

Según la Fiscalía General de la Nación, Bonilla y Velasco habrían liderado un entramado destinado al direccionamiento de contratos públicos y presunta “compra de apoyos legislativos”, utilizando recursos de la UNGRD y el Invías para favorecer a congresistas a cambio de respaldo político para proyectos del Ejecutivo.
La FM

Los cargos que se les imputan incluyen:

Concierto para delinquir

Cohecho por dar o ofrecer dádivas

Interés indebido en la celebración de contratos

🚨 ATENCIÓN 🚨 A la cárcel los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el escándalo de corrupción en la UNGRD. La fiscal María Cristina Patiño los imputó por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en contratos. pic.twitter.com/MpMzP1y3L6

— Noticias RCN (@NoticiasRCN) December 18, 2025

Las investigaciones señalan que Bonilla y Velasco promovieron el direccionamiento de al menos 74 proyectos de Invías y cinco de la UNGRD por un valor cercano a 612.000 millones de pesos, de los cuales solo siete llegaron a concretarse legalmente.

Defensa y perspectivas judiciales

Durante las audiencias previas a la decisión, ambos exministros se declararon inocentes y rechazaron las acusaciones, argumentando que actuaron dentro del marco de sus funciones públicas. Sin embargo, la magistrada Rosero consideró que los elementos probatorios presentados por la Fiscalía y los testimonios recabados no fueron desvirtuados de manera efectiva por las defensas.

Implicaciones políticas

El caso representa uno de los capítulos más delicados de la administración del presidente Gustavo Petro, al involucrar a figuras de alto perfil dentro del Gobierno en investigaciones por corrupción que podrían tener implicaciones sobre la confianza pública en las instituciones y el uso de recursos estatales.

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá no constituye una sentencia condenatoria final, sino una medida preventiva que se mantendrá durante el desarrollo del proceso penal. Las próximas etapas del caso incluyen la recolección de pruebas, posibles apelaciones y la fase probatoria completa ante las autoridades judiciales competentes.