¿Qué hace la oposición pidiendo puestos?

En los últimos días, un nuevo escándalo político ha sacudido al país. La infiltración a la campaña presidencial de Gustavo Petro por parte de alias Papá Pitufo, señalado zar del contrabando, ha generado un gran revuelo. Sin embargo, lo que ha llamado también la atención es la lista de congresistas que pidieron puestos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) durante el gobierno actual.

Esta reciente revelación del listado de congresistas ha desatado una ola de interrogantes sobre la naturaleza de las recomendaciones políticas en Colombia. El hecho de que la mayoría de los mencionados integren las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara, encargadas de los asuntos económicos del país, añade una capa de complejidad al asunto. ¿Se trata de un ejercicio legítimo de influencia o de un intercambio de favores encubierto?

La Dian, como entidad crucial para la economía colombiana, cumple un papel fundamental en la seguridad fiscal del Estado, facilita el comercio exterior y garantiza el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras. Su importancia la convierte en un escenario de poder apetecido por muchos, y las recomendaciones para ubicar a personas en puestos estratégicos no son nuevo. Sin embargo, la pregunta que surge es si estas recomendaciones responden a criterios de mérito y capacidad o si, por el contrario, son el resultado de cálculos políticos y clientelistas.

Si bien hacer recomendaciones no es un delito, resulta cuestionable que los partidos como el Conservador, Centro Democrático, La U, Liberal y Cambio Radical que son opositores al Gobierno de Petro soliciten puestos burocráticos. ¿A qué precio se piden estos favores clientelistas? ¿Cuál es la contraprestación si el gobierno nacional accede a las solicitudes?

La dinámica política colombiana ha sido históricamente marcada por el intercambio de favores y la búsqueda de cuotas de poder. Los congresistas, en su afán por mantener su capital político y asegurar el respaldo de sus electores, suelen recurrir a las recomendaciones para ubicar a sus aliados en cargos públicos. A cambio, esperan recibir apoyo político, prebendas y otros beneficios. Esta práctica, aunque no es ilegal, genera suspicacias sobre la transparencia y la equidad en la administración pública.

La oposición, que enarbola la bandera de la transparencia y la lucha contra la corrupción, no está exenta de estas prácticas. Resulta contradictorio que mientras critican al gobierno de turno por sus políticas y decisiones, por debajo de la mesa estén solicitando puestos y favores. Esta incoherencia entre el discurso público y la práctica política erosiona la confianza de los ciudadanos en sus representantes y alimenta la percepción de que la política es un juego de poder en el que los intereses personales priman sobre el bienestar colectivo.

La Fiscalía ha anunciado una investigación para determinar si existe una red de corrupción y nombramientos irregulares dentro de la Dian. Esta investigación es un paso importante para esclarecer lo sucedido y establecer responsabilidades. Sin embargo, no es suficiente. Es necesario un debate profundo sobre la necesidad de fortalecer la meritocracia en la administración pública y de establecer mecanismos de control que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas.

La invitación es para que los ciudadanos dejemos de lado el fanatismo y la defensa ciega de los políticos. Es preciso exigir a nuestros representantes que actúen con coherencia y responsabilidad, que pongan el interés público por encima de sus ambiciones personales y que rindan cuentas de sus actos. La democracia no puede ser rehén de la incoherencia y la insensatez de los políticos.