Exjefes paramilitares se reúnen en Montería como gestores de paz designados por el Gobierno Petro

Desde el lunes 28 y hasta el miércoles 30 de abril, se lleva a cabo en la Universidad de Córdoba un encuentro sin precedentes entre excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hoy nombrados como gestores de paz, y entidades oficiales como la Consejería Comisionada para la Paz, la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). La reunión tiene como objetivo avanzar en acciones de reparación, construcción de memoria y reconstrucción del tejido social en el marco del conflicto armado colombiano.

Este encuentro se da en cumplimiento de la Resolución 0453 de 2024, expedida por el presidente Gustavo Petro, mediante la cual fueron designados 18 exjefes paramilitares como gestores de paz. Entre ellos se encuentran nombres ampliamente conocidos como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; Diego Fernando Murillo, alias Don Berna; Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Ramón Isaza; y Hernán Giraldo, entre otros. La resolución tiene vigencia hasta el próximo 8 de mayo de 2025.

Un paso hacia la paz desde una institución marcada por la violencia

La Universidad de Córdoba no fue elegida al azar como sede del evento. Este centro académico fue uno de los escenarios más violentamente golpeados por el accionar paramilitar en la región Caribe. Entre 2003 y 2009, al menos nueve profesores, siete estudiantes y tres trabajadores fueron asesinados, y el claustro fue controlado directamente por estructuras de las AUC, que se infiltraron en su dirección institucional. Realizar este encuentro allí es un acto simbólico de reparación, en un lugar donde el dolor y el silencio marcaron una época de terror.

El gobierno nacional ha planteado que estos exjefes paramilitares, ahora gestores de paz, contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades orientadas a la paz territorial, a las garantías de no repetición y a facilitar acercamientos con otros actores armados ilegales aún activos. Su rol también incluye la estructuración de procesos que permitan la búsqueda de personas desaparecidas y la localización de bienes relacionados con su proceso de desmovilización, así como una participación activa en escenarios de verdad y reparación.

Resultados esperados y acompañamiento institucional

Durante las jornadas se espera que algunos de los gestores presenten avances concretos en tres áreas fundamentales: la colaboración en la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de bienes entregados o aún no declarados tras su desmovilización, y la participación en la reconstrucción del tejido social de comunidades afectadas, todo ello sin generar revictimización.

En el evento participan funcionarios de la Consejería Comisionada para la Paz, así como equipos técnicos de la Unidad de Búsqueda y la Unidad para las Víctimas. Estas entidades han iniciado acciones puntuales para integrar los aportes de los excomandantes en sus respectivos planes de trabajo, en especial en regiones donde la violencia paramilitar dejó una profunda huella en la población civil.
Un gesto polémico pero necesario para algunos sectores

La designación de antiguos comandantes de las AUC como gestores de paz ha generado amplio debate en el país. Mientras algunos sectores sociales y de víctimas cuestionan la legitimidad y el enfoque ético de permitir que quienes lideraron estructuras criminales hoy hagan parte activa de escenarios de paz, otros sostienen que es una medida pragmática y necesaria para obtener información crucial sobre crímenes, desaparecidos y bienes ocultos, además de contribuir a la no repetición.

El Gobierno ha defendido la decisión como parte de una estrategia integral para desmantelar las raíces del conflicto armado y buscar la verdad desde todos los frentes posibles. Voceros de la Consejería para la Paz han reiterado que estas acciones se enmarcan en un enfoque restaurativo y con garantías para las víctimas, que deben ser siempre el eje central del proceso.

¿Y después del 8 de mayo?

Aunque la resolución que faculta a los exparamilitares como gestores de paz tiene vigencia hasta el 8 de mayo de 2025, el Gobierno no ha descartado extender sus funciones si los resultados de este y otros encuentros similares son significativos. Desde ya se habla de posibles informes que los excomandantes deberán entregar sobre sus aportes al esclarecimiento de hechos violentos, entrega de bienes, y rutas de localización de desaparecidos.

Por ahora, Montería y la Universidad de Córdoba se convierten en epicentro de una apuesta por la reconciliación desde uno de los lugares más dolorosamente emblemáticos del conflicto armado colombiano.

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