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Tras el atentado que le costó la vida al concejal Juan Camilo Espinoza Vanegas, ocurrido el pasado 16 de junio en el municipio de San Andrés de Cuerquía, la Procuraduría General de la Nación activó un plan de seguimiento para esclarecer los hechos y proteger los derechos involucrados.
En primera instancia, a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio Público solicitó información a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para establecer si el concejal había solicitado algún tipo de esquema de seguridad ante posibles amenazas en su contra.
Paralelamente, se articuló una labor coordinada con procuradores regionales y provinciales para establecer contacto con los órganos investigativos, con el objetivo de determinar si Espinoza Vanegas había sido objeto de amenazas personales o si el atentado estaría relacionado con el ejercicio de sus funciones como concejal.
Adicionalmente, tras la captura de un menor de edad como presunto autor del homicidio, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, la Familia y la Mujer designó a un procurador judicial especializado en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, con el fin de garantizar el respeto de los derechos del joven involucrado.
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El delegado judicial acompañó las audiencias preliminares del proceso y continuará haciendo seguimiento al caso dentro del sistema correspondiente, en cumplimiento del debido proceso y de la protección integral al adolescente aprehendido.
La Procuraduría ha reiterado su condena a todo acto de violencia contra los servidores públicos y ha insistido en la necesidad de actuar con contundencia frente a los riesgos y amenazas que puedan poner en peligro su vida e integridad.
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