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El presidente Abelardo de la Espriella encabezó durante la madrugada de este miércoles 28 de octubre un megaoperativo contra la criminalidad en Bogotá, con intervenciones en los barrios San Bernardo y Santa Fe y acciones simultáneas en las 19 localidades de la capital.
La jornada, denominada BOSUR-KRATOS, contó con la participación de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía, que realizaron requisas, inspecciones y labores de vigilancia con drones. Según reportes preliminares, se registraban más de 170 capturas, aunque se esperaba un balance oficial consolidado.
El despliegue comenzó alrededor de la 1:15 a. m., cuando el mandatario llegó al comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, ubicado en el sector del Salitre. Desde allí coordinó las acciones de las unidades que se movilizaron hacia distintos puntos de la ciudad. Cerca de la 1:30 a. m., los uniformados comenzaron a ejecutar los procedimientos asignados.
De acuerdo con la información conocida, el operativo incluyó a integrantes de diferentes especialidades de la Policía, además de unidades del Ejército y funcionarios de la Fiscalía. Mientras avanzaban las intervenciones en las calles, De la Espriella permaneció en las instalaciones policiales para seguir su desarrollo.
En el barrio San Bernardo, las unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) recorrieron las carreras Octava, Novena y Décima, entre las calles Segunda y Sexta. Los procedimientos se concentraron en identificar posibles puntos de expendio de estupefacientes y verificar situaciones relacionadas con actividades delictivas.
Uno de los lugares señalados por las autoridades y la comunidad es la denominada “Olla del San Bernardo”, ubicada en la calle 5 con carrera 10. En ese punto, pese a la demolición de varias edificaciones, continúan permaneciendo habitantes de calle, según los reportes conocidos.
La zona ha sido objeto de intervenciones anteriores por problemas relacionados con el microtráfico, los atracos y las riñas. Semanas atrás, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, había informado sobre acciones para retirar a habitantes de calle del sector. Sin embargo, según la información reportada, algunas personas regresaron dos días después.
En el barrio Santa Fe, las autoridades adelantaron requisas a personas, inspecciones en establecimientos comerciales y controles a los clientes que se encontraban en los negocios intervenidos. Los procedimientos se desarrollaron de manera simultánea con las acciones en San Bernardo.
El despliegue también incluyó drones para vigilar las cubiertas de las edificaciones. Con estos dispositivos, las autoridades buscaban ampliar la supervisión durante los controles y detectar posibles intentos de ocultar elementos ilícitos o evadir la presencia de los uniformados.
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La intervención se produjo después de varias denuncias de habitantes y representantes de la comunidad sobre la presunta operación de organizaciones delincuenciales en San Bernardo. Entre los señalamientos se encuentran la posible existencia de una oficina de sicariato, establecimientos comerciales que serían utilizados para el lavado de activos y una vivienda en la que, según las denuncias, se habrían cometido torturas y desmembramientos.
Estas afirmaciones están pendientes de verificación por parte de las autoridades judiciales y no constituyen hechos demostrados por sí mismos.
El concejal de Bogotá Andrés Barrios había solicitado una intervención conjunta de las autoridades nacionales y distritales. Según el cabildante, su equipo recibió información sobre la posible presencia de dos estructuras criminales en el sector, una de ellas de carácter familiar.
Tras el despliegue, Barrios destacó la participación del Gobierno nacional y pidió que las acciones continúen para evitar que las organizaciones señaladas mantengan sus actividades en el barrio.
“Denunciamos, recorrimos el sector y les pusimos la cara a las comunidades. Insistimos en que San Bernardo necesitaba una intervención de fondo. Valoramos que el presidente haya atendido este llamado y asumido el liderazgo de este operativo. Las familias necesitan sentir que el Estado está de su lado”, manifestó Barrios.
El concejal también solicitó que las investigaciones permitan establecer quiénes estarían detrás de las actividades denunciadas, determinar posibles responsabilidades penales e identificar redes vinculadas con el lavado de dinero y otros delitos. Además, pidió garantizar la protección de quienes entregan información a las autoridades.
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