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En los cuatro años del gobierno que hizo de la “paz total” su principal política para enfrentar la violencia, los grupos armados multiplicaron sus filas hasta llegar a un consolidado cercano a los 28.802 integrantes.
Este es uno de los datos más preocupantes que expuso la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en su informe titulado, de manera preliminar, “El costo de negociar mal: 29.000 integrantes de grupos armados entre disputas y gobernanzas criminales”.
EL COLOMBIANO conoció el borrador de dicho informe, elaborado por los investigadores Gerson Arias, Javier Flórez y Paula Tobón, que se publicará a finales de esta semana.
Allí, con base en los conteos oficiales de la Fuerza Pública, se expone que entre diciembre de 2022 y julio de 2026 los grupos armados organizados pasaron de 15.120 integrantes a 28.802, lo que implica un aumento en su nómina del 90%.
La organización ilegal que más creció en ese periodo fue el Clan del Golfo, que pasó de 4.061 a 10.268 (152% más); mientras que el ELN aumentó de 5.851 a 7.123 (22%) combatientes.
Hubo dos grupos que se fracturaron y sus nuevas divisiones también sumaron más integrantes al conflicto armado. El Estado Mayor Central de las Farc (EMC) al principio contaba con 3.576 miembros; ahora la facción que lidera Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”) tiene 4.480, y la que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”) suma 3.001.
La Segunda Marquetalia tenía 1.415 combatientes; tras la división en noviembre de 2024, se quedó con 584, pero la facción que se separó, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, ya tiene 2.359.
Los Comuneros del Sur, que se separaron del ELN en 2023, suman 250 integrantes; y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, 737.
Al margen del informe de la FIP, este diario también conoció un balance del Comando General de las Fuerzas Militares, que abarca el periodo desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 15 de julio de 2026.
Según ese reporte, en el cuatrienio salieron de circulación 61.006 presuntos delincuentes, un dato que incluye a 724 muertos en desarrollo de operaciones militares, 55.511 capturados, 2.698 sometidos (se rindieron en los operativos), 320 que se entregaron voluntariamente a las autoridades y 1.753 menores de edad recuperados de las filas enemigas.
Este esfuerzo al parecer no logró frenar la expansión de los grupos armados organizados.
En su análisis de la situación, la FIP indicó que “tras cuatro años del inicio de la Paz Total, su balance resultó negativo para el país: los costos superaron las ganancias. El fracaso no se explica únicamente por los tiempos políticos, el interés criminal de los grupos o por estrategias de seguridad fallidas, sino por un diseño institucional y jurídico deficiente que, desde el inicio, destinó a cada una de las mesas de negociación a atravesar crisis recurrentes y a situar al gobierno en el lado débil de la negociación”.
Y añadió que “(...) todos los grupos armados son más poderosos de lo que eran antes de las negociaciones. El poder de estos grupos no solo se cuenta en el territorio que controlan y la cantidad de personas que hacen parte de ellos, sino en su capacidad para obtener rentas y someter a la población civil. También han ganado un protagonismo político, social y simbólico mayor en territorios donde han operado por años”.
Entre las conclusiones de la FIP en su documento, se cuenta que “mientras que los grupos se hacían más fuertes y continuaban atacando a la población civil, las mesas, y en especial las delegaciones de gobierno, tomaron posturas pasivas al respecto”.
“Indirectamente — prosiguió el análisis—, esto inclinó la balanza de poder hacia unos grupos que percibían al gobierno indiferente a la violencia o incapaz de reprimirlos. Varias estructuras usaron a su favor la necesidad del gobierno de mantener las mesas. (...). La debilidad del Estado en la negociación hizo parte de los cálculos estratégicos de los grupos para aumentar las disputas y seguir expandiéndose”.
Una de las enseñanzas que deja la “paz total” es cómo no se debe negociar con los grupos armados ilegales, sin líneas rojas definidas, sin un marco legal establecido, sin una estrategia de seguridad que sea disuasiva, con funcionarios inexpertos al frente, entre otras circunstancias.
“Una de las consecuencias más graves del diseño y resultados de la Paz Total es el desgaste y la progresiva deslegitimación de las salidas negociadas como mejor opción para solucionar el problema de la violencia y los conflictos armados”, acotó la FIP.
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