Daniel Ortega y Rosario Murillo han dado una estocada final a los restos de la independencia judicial en Nicaragua: la pareja presidencial ha despojado a los jueces de su autoridad y los ha subordinado a la Policía Nacional –dirigida por el consuegro de los copresidentes, el comisionado general Francisco Díaz– en lo relacionado a la incautación y confiscaciones de bienes y propiedades.