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Medellín ocupó el segundo lugar entre las capitales colombianas con más casos de extorsión durante 2025, con 980 registros, después de Bogotá, que reportó 2.217. Así lo estableció un estudio de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), elaborado con información de la Policía Nacional.
El informe evidenció diferencias en el comportamiento de este delito entre las principales ciudades del país. Mientras Medellín pasó de 960 casos en 2024 a 980 en 2025, un incremento del 2,1 %, Bogotá, Barranquilla y Cali registraron reducciones en el mismo periodo.
En Bogotá, los casos disminuyeron un 16,1 %, hasta llegar a 2.217. Barranquilla reportó 733, una reducción del 17,8 %, y Cali registró 438, un 7,4 % menos que el año anterior.
A nivel nacional, las denuncias por extorsión pasaron de 13.869 en 2024 a 13.428 en 2025, lo que representó una disminución del 3,2 %. Sin embargo, el comportamiento cambió durante los primeros cuatro meses de 2026, cuando se registraron 3.936 casos en Colombia, un 8 % más que en el mismo periodo del año anterior.
En Medellín, las denuncias también aumentaron durante 2026. Según cifras de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la ciudad acumulaba 758 denuncias por extorsión, un 1 % más frente al mismo corte de 2025, equivalente a nueve casos adicionales.
No obstante, las autoridades reportaron una disminución del 90 % en las denuncias por microextorsión y del 31 % en los casos de extorsión carcelaria.
Las llamadas telefónicas, entre las principales modalidades
El estudio de Asocapitales y el DNP identificó las llamadas telefónicas como la modalidad más frecuente de extorsión en las capitales colombianas. Durante 2025, representaron el 48,8 % de los casos registrados.
Las extorsiones mediante redes sociales y otras tecnologías de la información y las comunicaciones también tuvieron una participación importante, con el 18,6 % de los registros en las capitales.
El documento señala que este delito puede estar relacionado con el accionar de organizaciones criminales que buscan obtener recursos económicos y ejercer control territorial. Entre las prácticas identificadas se encuentran las exigencias de pagos a comerciantes y las presiones para que pequeños negocios compren determinados productos bajo condiciones impuestas ilegalmente.
El informe también advierte sobre las dificultades para conocer la dimensión real del fenómeno, debido a que algunas víctimas no denuncian por temor a represalias. Esta situación limita la capacidad de las autoridades para identificar y atender todos los casos.
Proponen fortalecer las estrategias contra la extorsión
Entre las recomendaciones del estudio se encuentra la formulación de una política nacional contra la extorsión, mediante un documento Conpes, así como el fortalecimiento de la coordinación entre las alcaldías, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
También plantea mejorar los mecanismos de prevención, la atención a las víctimas y el análisis de las dinámicas delictivas en cada territorio, con estrategias ajustadas a las condiciones particulares de las ciudades.
En el caso de Medellín, el documento analiza el programa Barrios Libres de Extorsión, implementado entre 2024 y 2025 en la capital antioqueña, Bello y Buenaventura. Sus resultados fueron descritos como parciales y mixtos, por lo que se recomendó evaluar su efectividad antes de extenderlo a otras ciudades.
El panorama mantiene la extorsión entre los asuntos de seguridad que requieren atención en Medellín. Aunque las autoridades reportaron reducciones en modalidades específicas, el balance de 2025 y las cifras preliminares de 2026 muestran que las denuncias por este delito continúan siendo un desafío para la ciudad.
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