
Las recientes manifestaciones en contra de la gentrificación en Ciudad de México han puesto sobre la mesa la parálisis institucional en el sector de los hospedajes temporales. La capital tiene pendiente la implementación de normas para paliar los efectos de las plataformas rentas de corto plazo, casi evidente de Airbnb. La reforma a la Ley de Turismo, aprobada el año pasado, ha quedado en un limbo en los tribunales, tras los amparos que presentaron los anfitriones de la capital para proteger su ingreso. Mientras tanto, la crisis de vivienda avanza en una ciudad que no para de crecer y con un pronunciado déficit habitacional.

