
La Fiscalía ha solicitado a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional que ordene al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el borrado de los antecedentes penales de Baltasar Garzón, quien fuera magistrado instructor de la Audiencia Nacional, condenado en 2012 a 11 años de inhabilitación por prevaricación por la grabación en prisión de las conversaciones de los principales cabecillas del caso Gürtel. El ministerio público da este paso en un proceso impulsado por el propio exjuez debido a la falta de respuesta de la Administración a sus reclamaciones a raíz de un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó en 2021 que existen “dudas” objetivamente justificadas de que tuviera “acceso a un tribunal independiente e imparcial”.