Juez ya definió fecha de la audiencia de acusación contra el exalcalde Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas

Luego de que la Fiscalía radicó esta semana el escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y doce personas más por presunta corrupción dentro del sonado caso de Aguas Vivas, el juez acaba de definir la fecha en la cual se hará la audiencia en la cual se leerá oficialmente este documento, dando inicio a la etapa de juicio: será en un plazo de dos meses.

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En este proceso, el exmandatario y su exsecretario general Fabio Andrés García están acusados de haber incurrido en presunto prevaricato por apropiación en favor de terceros.

En tanto que hay ocho exfuncionarios más con cargos por interés indebido en celebración de contratos. Estos son Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Proveedores.

Igualmente, tres particulares están respondiendo como posibles autores de peculado: Juan Diego de Jesús Moreno y José Fernando Rueda, representantes de las firmas IDC y Técnicas Constructivas, lo mismo que Juan Manuel Villegas.

El caso de Aguas Vivas tiene que ver con el presunto negociado con un megaterreno de 147.000 metros cuadrados ubicado entre el sector de El Poblado y Las Palmas, en el oriente de la capital antioqueña.

En diciembre de 2019 este fue traspasado sin costo a la Alcaldía con el fin de cumplir con obligaciones urbanísticas -así se llama a un compromiso de los urbanistas de generar espacio público por cada proyecto que emprenden- pero luego, en la administración de Quintero, intentaron que del erario pagaran más de $40.500 millones a las firmas IDC, Técnicas Constructivas y a Villegas; posteriormente esa misma administración devolvió el predio a sabiendas de que ya era un bien fiscal.

Y la tramoya se habría completado cuando, al haber fracasado los intentos previos por presuntamente favorecer a los particulares - que dicho sea de paso han tenido conexión con el exgobernador aliado de Quintero, Luis Pérez- Quintero y García expidieron el decreto 412 de 2023 en el que ampliaban la posibilidad de uso del predio Aguas Vivas, lo que valorizaba el terreno.

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En el escrito de acusación, la fiscal 133 de la Unidad Anticorrupción incorporó, 3930 pruebas documentales, casi 4.000 pruebas en contra de los acusados, entre ellas, incluyendo correos, informes periciales, inspecciones judiciales, evidencias fotográficas y planos, entre otros elementos. Ahí están por ejemplo los informes técnicos donde los profesionales de carrera dieron varios conceptos técnicos rechazando el camino de la conciliación con los dueños de Aguas Vivas para pagarles un terreno que ya estaba a nombre del Distrito.

Fuera de eso, hay 48 testimonios de funcionarios y otras personas a las que llamarán a declarar, donde se pondría de relieve cómo se fraguó todo el entramado en el que se habrían mezclado intereses económicos e influencias políticas.

La fecha designada para mostrar todo ese acervo ante el juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín con función de conocimiento es el viernes 21 de noviembre de 2025 a partir de las 3:00 p.m. Se espera entonces una larga jornada.

Después de eso, el juez debe programar una audiencia preparatoria, donde la defensa tenga la posibilidad de pedir que se incorporen otras pruebas en favor de sus representados. Otro camino posible y que se espera ocurra es que pida la nulidad del proceso alegando violaciones a los derechos de los acusados o fallas procesales.

El paso siguiente es el juicio oral donde se hace el careo y a partir de ahí el juez dicta sentencia en primera instancia. Independiente de que el fallo sea absolutorio o condenatorio contra los funcionarios, es de esperarse que los perdedores apelen ante el Tribunal Superior de Medellín y no se descarta una posible casación, como último recurso, ante la Corte Suprema de Justicia.

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