JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 exmilitares por hechos ocurridos en la Comuna 13 de Medellín

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 antiguos integrantes de la Fuerza Pública, ocho del Ejército Nacional y cuatro de la Policía, por su presunta responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 2001 y 2004 en la Comuna 13 de Medellín y sectores aledaños. Entre los señalados se encuentran los generales retirados Mario Montoya Uribe y José Leonardo Gallego Castrillón.

La decisión fue anunciada este viernes 30 de octubre y hace parte del subcaso Antioquia del macrocaso 08, mediante el cual la JEP investiga los crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública y otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles durante el conflicto armado colombiano.

De acuerdo con la investigación de la Sala de Reconocimiento de Verdad, durante ese periodo se registraron 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas en la Comuna 13 y zonas cercanas. El universo provisional de víctimas incluye 87 personas desaparecidas forzadamente, 80 víctimas de homicidio, 289 de desplazamiento forzado, 74 de lesiones personales, 34 de tortura, siete de violencia sexual y 380 personas que sufrieron privaciones graves de la libertad.

Entre los hechos investigados se encuentran las operaciones militares y policiales Mariscal y Orión, así como Otoño, Contrafuego y Metro. Según la reconstrucción realizada por la jurisdicción, durante estas intervenciones se habrían presentado homicidios, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, desplazamientos y otros ataques contra la población civil.

La investigación también identificó presuntas alianzas y acuerdos entre integrantes de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares, principalmente el Bloque Cacique Nutibara, que habrían facilitado la expansión de estos grupos en la Comuna 13. Entre los patrones identificados por la JEP se encuentran la estigmatización de habitantes señalados de colaborar con las milicias guerrilleras y la colaboración o falta de persecución frente a las acciones de organizaciones paramilitares.

En cuanto a los generales retirados Mario Montoya Uribe, quien para la época se desempeñaba como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, y José Leonardo Gallego Castrillón, entonces comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Sala les atribuyó responsabilidad por omisión, al considerar que habrían incumplido sus deberes de mando, control y protección de la población civil frente a los crímenes cometidos por integrantes de las unidades bajo su responsabilidad.

La decisión también tiene relación con las investigaciones sobre las desapariciones forzadas en la Comuna 13 y la búsqueda de víctimas en el sector conocido como La Escombrera, donde se han desarrollado intervenciones forenses para localizar e identificar restos humanos. Este lugar se convirtió en uno de los principales escenarios de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado en Medellín.

Con esta imputación, los 12 comparecientes tendrán un plazo de 30 días hábiles para reconocer por escrito su responsabilidad o rechazar los señalamientos. En caso de aceptar los hechos y aportar verdad plena, el proceso podrá avanzar hacia el Tribunal para la Paz, que determinará las sanciones propias correspondientes, las cuales contemplan restricciones efectivas de derechos y libertades, acompañadas de trabajos y acciones restaurativas.

Por el contrario, si los comparecientes no reconocen su responsabilidad, el expediente podrá ser remitido a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para continuar el procedimiento adversarial, en el que podrían enfrentar sanciones de hasta 20 años de prisión, de acuerdo con las condiciones y decisiones que se adopten durante el proceso.

La decisión representa un nuevo avance judicial en el esclarecimiento de los hechos ocurridos hace más de dos décadas en uno de los sectores de Medellín más afectados por la violencia del conflicto armado y en las investigaciones sobre las responsabilidades de agentes estatales en las graves vulneraciones sufridas por la población civil.