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Este lunes 16 de junio, se espera una decisión clave sobre el caso de los 11 campesinos de Jericó, en el Suroeste antioqueño, quienes enfrentan un proceso judicial tras protestar contra el proyecto minero La Quebradona, liderado por una filial de AngloGold Ashanti.
Las comunidades han denunciado afectaciones ambientales y, en medio de su resistencia, fueron acusadas de secuestro, hurto y lesiones personales por la empresa multinacional, lo que desató una fuerte polémica nacional.
El caso ha polarizado el debate político. Desde el Centro Democrático, el representante Hernán Cadavid acusó a sectores de izquierda de instrumentalizar a las comunidades.
En contraposición, Alejandro Toro, del Pacto Histórico, respaldó abiertamente a los campesinos y defendió su derecho a proteger el agua y el territorio. El presidente Gustavo Petro también se pronunció, valorando el ejemplo del campesinado y prometiendo apoyo estatal frente al conflicto.
La Defensoría del Pueblo advirtió que este proceso judicial no puede leerse solo desde la perspectiva penal, sino como parte de un conflicto socioambiental histórico que ha marcado a Jericó.
La entidad subrayó los riesgos de una minería sin regulación adecuada, especialmente en zonas con comunidades vulnerables, donde los intereses económicos suelen sobreponerse al bienestar colectivo.
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