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La Procuraduría General de la Nación intensificó sus labores tras la muerte violenta del concejal Juan Camilo Espinoza Vanegas, ocurrida el pasado 16 de junio en San Andrés de Cuerquía, Antioquia. La entidad viene adelantando un proceso articulado para esclarecer las circunstancias del hecho y verificar la actuación de las autoridades involucradas.
Uno de los primeros pasos fue solicitar a la Unidad Nacional de Protección (UNP) información relacionada con posibles solicitudes de seguridad por parte del concejal, en caso de que hubiera reportado amenazas antes del ataque.
Además, la Procuraduría ha coordinado con sus representantes regionales y provinciales para revisar posibles riesgos que enfrentaba el concejal, ya fuera por situaciones personales o por su rol dentro del concejo municipal.
En relación con la aprehensión de un menor de edad señalado de haber participado en el crimen, se asignó un procurador especializado en el sistema penal para adolescentes, con el fin de asegurar que se respeten las garantías procesales y los derechos fundamentales del joven implicado. El funcionario acompañó las diligencias judiciales preliminares y continuará con el seguimiento del caso.
“El Ministerio Público ha sido enfático en condenar todo acto de violencia contra los servidores públicos y ha insistido en que se debe actuar y contrarrestar los riesgos y amenazas que persistan sobre los mismos”, precisó la entidad.
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