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La Secretaría Jurídica de la Presidencia devolvió el proyecto de decreto con el que el Ministerio de Defensa buscaba retirar las condecoraciones militares otorgadas a uniformados que reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.
El documento, firmado el 8 de mayo pasado por el asesor jurídico Rubén Darío Calderón Jaramillo, argumenta que la normativa vigente no permite quitar medallas con base en decisiones de la JEP, pues el Decreto 1070 de 2015 solo contempla esa posibilidad cuando existen condenas emitidas por la justicia ordinaria o la justicia penal militar.
La iniciativa del Ministerio de Defensa surgió tras los reconocimientos de responsabilidad ante la JEP de 12 militares del Batallón La Popa, en Valledupar, quienes admitieron su participación en el asesinato de al menos 135 civiles entre 2002 y 2005 para presentarlos falsamente como bajas en combate.
Entre los uniformados involucrados están oficiales y suboficiales que reconocieron públicamente haber participado en secuestros, asesinatos y montajes operacionales, en un esquema que incluía incentivos por resultados militares.
El proyecto buscaba retirar las distinciones como medida de reparación simbólica para las víctimas y como garantía de no repetición.
Sin embargo, la Secretaría Jurídica sostuvo que los exhortos de la JEP no constituyen órdenes judiciales suficientes para revocar condecoraciones. En su respuesta, señaló que “el llamamiento o apremio no puede confundirse con una orden judicial”.
La decisión generó críticas de organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos, quienes consideran contradictorio que militares que ya reconocieron crímenes de guerra mantengan honores otorgados por el Estado.
El caso revive el debate sobre el alcance jurídico de las decisiones de la JEP y sobre las medidas simbólicas de reparación en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Según cifras actualizadas de la JEP, al menos 7.837 personas fueron asesinadas entre 1990 y 2016 para ser presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate. El 82 % de esos casos habría ocurrido entre 2001 y 2008.
La Jurisdicción Especial para la Paz hace unos días acompañó en Granada la inauguración de la exposición “Renunciar al silencio y a la negación”, instalada en el Salón del Nunca Más.
La muestra reúne 30 medallas entregadas por comparecientes de la fuerza pública a víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’.
Las condecoraciones habían sido otorgadas originalmente a antiguos integrantes del Batallón de Artillería No. 4 “Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez” (BAJES), adscrito a la IV Brigada del Ejército Nacional, como reconocimiento a supuestos resultados operacionales que, según la JEP, correspondían a falsas bajas en combate.
La exposición busca visibilizar los aportes a la verdad realizados por antiguos oficiales, suboficiales y soldados que han reconocido su responsabilidad en estos crímenes y que han participado en actos restaurativos ante la jurisdicción transicional.
Las medallas fueron entregadas como actos de reparación simbólica durante audiencias públicas de reconocimiento de verdad y responsabilidad, así como en otros espacios restaurativos del Caso 03 de la JEP, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
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De acuerdo con las investigaciones del Subcaso Antioquia del Caso 03, entre 2002 y 2007, integrantes de la fuerza pública asesinaron, solo en esa región, al menos a 589 personas y las presentaron falsamente como combatientes muertos en operaciones militares.
De esas víctimas, 228 fueron desaparecidas forzosamente. Además, de los 50 máximos responsables imputados por la JEP, 42 han reconocido su responsabilidad en los hechos.
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