Fiscalía interceptó por más de dos meses el celular del gobernador de Antioquia: ¿por qué?

La Fiscalía General de la Nación interceptó durante 71 días las comunicaciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en medio de una investigación por hechos ocurridos hace seis años, cuando se desempeñaba como alcalde de Rionegro. El caso, relacionado con la construcción de dos Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía, ha generado una fuerte controversia política y judicial.

Las escuchas comenzaron el 14 de mayo de este año y se extendieron hasta finales de julio. En ellas también fueron interceptados la secretaria General de la Gobernación, Martha Patricia Correa, cinco exfuncionarios de la administración de Rionegro y tres particulares. La medida fue solicitada por la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema, Diana Yolima Niño Avendaño, quien pidió su legalización para incluir las conversaciones en el proceso abierto en 2019.

La primera audiencia de legalización se realizó el 24 de julio ante la magistrada Marcela Márquez, del Tribunal Superior de Bogotá, quien cuestionó la pertinencia de las interceptaciones. “No está debidamente justificada y soportada esa razón por la que, luego de varios años, desde la presunta comisión de las conductas punibles, no era viable que las conversaciones monitoreadas registren algún tipo de hallazgo relevante sobre el trámite contractual objeto de indagación”, dijo.

Sin embargo, la decisión fue apelada y posteriormente revocada por los magistrados Yaneth Liliana Martínez y Alexandra Ossa, quienes avalaron las escuchas.

El proceso judicial indaga posibles irregularidades en los contratos para la construcción de dos CAI en Rionegro, que habrían implicado un presunto detrimento patrimonial. No obstante, la Policía aseguró que las obras fueron recibidas a satisfacción y hoy están en funcionamiento.

Desde el inicio, la defensa de Rendón ha sostenido que la investigación carece de fundamentos y que la interceptación de sus comunicaciones resulta desproporcionada. Incluso, en documentos judiciales el gobernador aparece señalado como “imputado” y hasta “condenado”, pese a que su caso se encuentra en etapa de indagación y aún no se le ha formulado imputación.

El gobernador calificó las interceptaciones como un “grave atentado contra la democracia” y acusó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, de impulsar un proceso con fines políticos. “¿Cuál es el objetivo de espiar mis comunicaciones? ¿De atentar contra mi intimidad? ¿El plan ya está listo, pero les falta consumarlo?”, cuestionó en un video difundido esta semana.

Por su parte, el Centro Democrático rechazó las “chuzadas” y denunció persecución judicial contra Rendón y su partido. “Las instituciones están siendo utilizadas como herramientas de intimidación contra la oposición”, señaló la colectividad en un comunicado.

Hasta el momento, la Fiscalía no se ha pronunciado oficialmente frente a las acusaciones del mandatario departamental ni a las críticas por la legalidad de las interceptaciones.