México, el país de las 65 muertes violentas diarias, convive con otro delito silencioso que todo el mundo conoce: la extorsión. Millones de personas son víctimas de amenazas que les obligan a pagar una cuota criminal que afecta a comercios y servicios, al transporte y la distribución de mercancías, a medianas y grandes empresas y, cada vez más, a la gente pobre que trata de salir adelante con un puesto de venta callejera o una humilde tortillería. El miedo a no cumplir con los pagos requeridos ha ido ahogando cientos de negocios sin que nadie se atreva a piar: apenas se denuncia un 0,2% de las extorsiones y es el delito que más ha crecido en los últimos años. El secretario de Seguridad de la República, Omar García Harfuch, ha presentado un plan para combatir esta epidemia que ofrece ayuda de inteligencia policial y financiera a un puñado de Estados mexicanos, entre ellos la capital, y campañas para impulsar las denuncias.