El Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad impulsado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra el decreto-ley para el reparto de menores migrantes, pactado por el Gobierno y Junts. La impugnación de esta norma se basa en la tesis de que los criterios de reparto y distribución acordados podrían vulnerar los artículos 81.1 y 86.1 de la Constitución, en la medida en que “regula el contenido esencial del derecho fundamental de las personas menores extranjeras no acompañadas a la libre circulación y elección de residencia dentro del territorio nacional”.