Defensa de Álvaro Uribe presentó tutela para evitar su detención domiciliaria

Este lunes 4 de agosto, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez radicó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá con el objetivo de frenar la detención domiciliaria ordenada por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien el pasado viernes lo condenó a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El abogado Jaime Granados, apoderado del exmandatario, solicitó mediante esta acción judicial un “amparo inmediato a la libertad” de su cliente, argumentando que la sentencia en primera instancia vulneró derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad. El documento de 91 páginas pide suspender provisionalmente la decisión judicial mientras se resuelve de fondo la apelación, la cual será presentada el próximo 13 de agosto

Según Granados, la detención aún no se ha hecho efectiva por cuestiones “de simple trámite”, pero insiste en que esta medida es inconstitucional al no existir una condena en firme. “No se puede poner la libertad de Álvaro Uribe al servicio de la ‘calma social’, pues ello constituiría una instrumentalización inaceptable de la persona en un Estado Social de Derecho”, señala la tutela.

El pasado viernes, la jueza Heredia determinó que Uribe debe cumplir una pena de prisión domiciliaria por haber instigado al abogado Diego Cadena a manipular testigos con el fin de favorecerse ante la Corte Suprema. La jueza argumentó que mantenerlo en libertad enviaría un mensaje de impunidad y pondría en riesgo la igualdad ante la ley. Además, consideró que el expresidente, por su alta notoriedad pública, podría representar un riesgo de fuga.

Aunque la togada reconoció la actitud respetuosa de Uribe durante el juicio, sostuvo que su defensa incurrió en maniobras dilatorias desde el inicio del proceso, lo que agravó la valoración de su conducta. La jueza también subrayó que los hechos por los cuales fue condenado afectaron la confianza ciudadana en la justicia.

La defensa del líder del Centro Democrático insiste en que esta decisión carece de fundamento legal y presenta “graves vicios de motivación”, al desconocer precedentes judiciales y derechos fundamentales. En su solicitud, el abogado Granados invoca sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia para sustentar que la privación de la libertad antes de una condena definitiva debe ser excepcional.

El Tribunal Superior de Bogotá tiene hasta el 15 de octubre de 2025 para decidir sobre la apelación, antes de que el proceso prescriba. En caso de que la condena sea ratificada, el caso podría escalar a la Corte Suprema, que tendría cinco años para emitir un fallo en última instancia.

Este proceso judicial, que inició hace más de una década, ha sido uno de los más complejos y mediáticos en la historia reciente del país, y ha convertido a Álvaro Uribe en el primer expresidente colombiano condenado por la justicia ordinaria.