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El Gobierno nacional radicó en el Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria que contempla que las iglesias y confesiones religiosas paguen impuesto de renta por los ingresos derivados de sus actividades comerciales. La iniciativa, que busca asegurar recursos para financiar el presupuesto de 2026, podría recaudar 26,3 billones de pesos.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el objetivo es garantizar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica del país en los próximos años, sin afectar la canasta básica ni los sectores más vulnerables. “Lo que estructuramos es una propuesta que financie el 2026 y que, a la vez, dé solidez a mediano plazo”, señaló el ministro Germán Ávila.
Las actividades exclusivamente religiosas —como misas, cultos y oraciones— mantendrán la exención tributaria. Sin embargo, colegios, cafeterías, alquiler de bienes, medios de comunicación y otros negocios vinculados a instituciones religiosas tendrían que tributar bajo el régimen ordinario. Para ello, deberán separar contablemente ingresos y gastos según la naturaleza de cada actividad.
El peso económico de las iglesias en el país no es menor. Según la Dian, en 2023 reportaron ingresos por 8,06 billones de pesos, casi el doble de lo registrado en 2014. Además, estimaciones del economista Salomón Kalmanovitz calculan que su patrimonio se acerca a los 19 billones, alrededor del 2% del PIB nacional. El Ministerio del Interior, por su parte, tiene registradas unas 8.000 iglesias activas en Colombia.
La propuesta ha despertado resistencia entre sectores políticos cercanos a comunidades religiosas. La senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, manifestó en su cuenta de X que el proyecto desconoce la labor social de las iglesias y que, al igual que en 2022, se opondrá a esta medida en el Legislativo.
El antecedente más reciente de este debate ocurrió en mayo de 2025, cuando el Gobierno expidió un decreto que ya había introducido impuestos sobre algunas actividades mercantiles de instituciones religiosas. Ahora, con el nuevo proyecto de ley, la discusión se trasladará al Congreso, donde el Ejecutivo no cuenta con mayorías aseguradas.
La reforma tributaria se empezará a debatir en las comisiones económicas conjuntas, en medio de un contexto marcado por la caída de los ingresos fiscales de 2024 y la necesidad de financiar reformas sociales en salud, pensiones y trabajo.
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