hace 1 mes
11
En el corregimiento de San Cristóbal, occidente de Medellín, comenzó la construcción de la nueva Cárcel Metropolitana para sindicados, un proyecto que busca aliviar el hacinamiento en estaciones de Policía, Unidades de Reacción Inmediata (URI) y en la cárcel El Pedregal. La obra, que tendrá capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad, representa una inversión de 675.000 millones de pesos y será el primer centro penitenciario del país desarrollado bajo una alianza público-privada (APP).
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, junto al secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, y las autoridades militares y de Policía, presentó el avance del proyecto, que a agosto de 2025 registra un 2,58 % de ejecución técnica. Se prevé que la infraestructura entre en funcionamiento en el primer trimestre de 2027.
“Podemos hablar, con hechos reales, de cómo solucionar en gran parte el hacinamiento de estaciones de Policía y cárceles frente a los sindicados. Este es un esfuerzo por la seguridad de todos y, por supuesto, para garantizar condiciones dignas de quienes están detenidos”, expresó el alcalde.
El complejo penitenciario contará con cinco pabellones, 28.000 metros cuadrados construidos y espacios destinados a educación, salud, talleres productivos y programas de reintegración. Además, incorporará medidas de seguridad tecnológica como inhibidores de señal para evitar la comisión de delitos desde su interior.
La construcción también trae consigo inversión social. La Alcaldía destinó 1.000 millones de pesos para obras comunitarias en San Cristóbal y priorizó la contratación de mano de obra local, con la generación proyectada de hasta 500 empleos en la fase más intensa de la obra.
El proyecto responde a fallos de la Corte Suprema y la Corte Constitucional que ordenan garantizar infraestructura carcelaria digna. Según cifras oficiales, el hacinamiento en las estaciones de Policía del Valle de Aburrá supera el 180 %. Por ejemplo, la estación Candelaria, con capacidad para 75 personas, actualmente alberga más de 300.
En materia ambiental, Corantioquia autorizó la tala controlada en el área intervenida y estableció medidas de compensación ecológica en 15,75 hectáreas, junto con planes de rescate de fauna y flora. De acuerdo con el contrato de concesión, la operación de la cárcel estará a cargo del contratista durante doce años una vez sea entregada.
English (US) · 
Spanish (CO) ·