hace 3 horas
3
La reestructuración financiera de Canacol dio un paso decisivo en Canadá, pero abrió un nuevo frente de incertidumbre para el mercado colombiano del gas natural.
La Corte del King’s Bench de Alberta (Canadá) autorizó a la compañía a terminar contratos de suministro y transporte de gas natural como parte del proceso de insolvencia que adelanta bajo la Companies’ Creditors Arrangement Act. No obstante, la decisión aún no tiene efectos en Colombia, pues deberá ser reconocida por la Superintendencia de Sociedades.
Mientras Canacol sostiene que la medida permitirá garantizar la viabilidad de la empresa y preservar el suministro de gas en el largo plazo, compañías como Promigas, Gases del Caribe, Surtigas y Cerro Matoso advirtieron que la terminación de los contratos podría afectar la seguridad energética, el abastecimiento y la continuidad de operaciones industriales.
El fallo, emitido por el juez Colin C.J. Feasby, autoriza a Canacol a terminar contratos de suministro y transporte que considera inviables dentro de su proceso de reorganización.
Según la empresa, la Corte reconoció las características particulares del mercado colombiano de gas natural y estableció salvaguardas para proteger a los usuarios regulados, como hogares y pequeñas empresas, garantizando que la terminación de contratos no implique incrementos en las tarifas para este segmento.
Canacol afirmó que continuará suministrando gas cuando exista disponibilidad y sea posible hacerlo bajo nuevos acuerdos comerciales viables, e insistió en que la reestructuración busca preservar e incluso incrementar la producción nacional de gas en el mediano plazo.
Tras conocerse las razones de la decisión judicial, Promigas y varias de sus filiales informaron que la autorización concedida por la Corte canadiense comprende, entre otros, dos contratos de transporte firme de gas y un contrato de fiducia celebrado con Canacol.
Sin embargo, las empresas enfatizaron en que la decisión no produce efectos inmediatos en Colombia porque primero deberá ser reconocida por la Supersociedades, entidad que deberá verificar que no se vulneren el orden público económico, los derechos de los acreedores ni el interés general, conforme a la Ley 1116 de 2006.
En consecuencia, Promigas aseguró que, por ahora, “los contratos permanecen vigentes y anunció que continuará ejerciendo todas las acciones jurídicas disponibles tanto ante la justicia canadiense como ante las autoridades colombianas para proteger sus intereses, los de los usuarios y los demás acreedores”.
Las distribuidoras Gases del Caribe y Surtigas precisaron que la autorización concedida a Canacol incluye “contratos de suministro de gas firmados entre 2022 y 2025”, y recalcaron que “la decisión canadiense tampoco tiene aplicación inmediata en Colombia”.
La alerta más llamativa vino de Cerro Matoso, que advirtió que una eventual terminación de su contrato de suministro de gas “podría hacer inviable la continuidad de la operación de ferroníquel en Córdoba”.
La compañía señaló que Canacol suministra actualmente el 82% del gas que requiere para operar, y denunció que en las últimas semanas el productor ha reducido unilateralmente las entregas previstas en el contrato.
Explicó que el gas natural es un insumo irremplazable para mantener en funcionamiento los hornos de producción y que un eventual desabastecimiento “obligaría a apagar equipos críticos, ocasionando daños estructurales irreversibles”.
Según la empresa, la recuperación de cada horno podría tardar más de diez meses y representar costos entre $550.000 millones y $730.000 millones.
Además, aseguró que un eventual cierre pondría en riesgo más de 2.000 empleos directos, afectaría cerca de 50.000 personas de 25 comunidades vecinas y tendría un impacto económico cercano a $3.000 millones diarios por concepto de impuestos, regalías y compras de bienes y servicios.
La compañía anunció que apelará la decisión ante la justicia canadiense y solicitó la intervención de la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Minas y Energía, y el Gobierno Nacional para proteger la seguridad energética, el orden jurídico y la continuidad de la operación.
Aunque la Corte de Alberta autorizó a Canacol a terminar varios contratos de suministro y transporte de gas, la decisión aún deberá superar el proceso de reconocimiento judicial en Colombia.
Ese trámite será determinante para establecer si las órdenes emitidas en Canadá pueden producir efectos sobre contratos suscritos con empresas colombianas y si son compatibles con el orden público económico, la protección de los acreedores y la seguridad del abastecimiento de gas natural.
Mientras ello ocurre, tanto Canacol como las empresas afectadas mantienen posiciones encontradas, la productora considera que la reestructuración es indispensable para garantizar su viabilidad y el suministro futuro de gas, mientras transportadores, distribuidoras e industrias advierten que una terminación de los contratos podría comprometer la estabilidad del mercado y de actividades económicas estratégicas.
Como un nuevo factor de presión para el abastecimiento de gas en Colombia calificó Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, la decisión de un tribunal de Canadá que permite a Canacol avanzar en la terminación y renegociación de contratos de suministro.
Según el dirigente, el país ya importa cerca del 32% del gas que consume y cualquier cambio en los contratos aumenta la incertidumbre sobre el suministro y los precios. Advirtió que la medida aún debe ser revisada por la Superintendencia de Sociedades, pero podría afectar a industrias, distribuidoras como Surtigas y plantas térmicas del Caribe que dependen del gas de Canacol. Castañeda alertó que, “ante un posible fenómeno de El Niño y un déficit estructural de gas, la situación podría agravarse y comprometer el abastecimiento para la demanda no térmica”.
English (US) · 
Spanish (CO) ·