
El caso por la extradición de un bolsonarista, que se instaló en España en 2023 para eludir al Tribunal Supremo de Brasil, ha empañado la fluida relación entre ambos países. La decisión de la Audiencia Nacional española de rechazar, el lunes pasado, la entrega de Oswaldo Eustaquio Filho, reclamado por participar en la conspiración golpista, fue respondida a las pocas horas por el juez que instruye el caso en Brasil, Alexandre de Moraes, con dos decisiones en represalia: dejó en suspenso un proceso de extradición solicitado por España y pidió públicamente explicaciones a la embajadora en Brasilia en un plazo de cinco días. Mientras, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva prepara el recurso que presentará ante la Audiencia Nacional en Madrid y el Ejecutivo español mantiene silencio.