
La Presidencia y su gabinete ministerial publicaron un comunicado en contra del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, por su ataque en redes sociales en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda, y que ha generado rechazo por parte de diferentes sectores a nivel nacional.
En el documento publicado en los sitios oficiales, el Gobierno Nacional rechaza “de manera categórica, contundente y sin ambigüedades los ataques de carácter misógino, sexista y denigrante dirigidos contra la primera dama de la Nación”.
La administración de De la Espriella hizo alusión a los señalamientos relacionados con la apariencia física de Pineda y aclararon que la “animalización de una mujer y los ataques contra su aspecto físico son formas de descalificación que consideramos profundamente misóginas”, pues no se le está cuestionando sus ideas, decisiones ni trabajo.
El Gobierno nacional aclaró que defiende la libertad de expresión y la crítica política; sin embargo, agregó que existe “el derecho de rechazar públicamente las expresiones degradantes y discriminatorias”.
“Resulta inaceptable que las mujeres sigan enfrentando burlas sobre sus cuerpos, descalificaciones personales y expresiones deshumanizantes por ocupar espacios de visibilidad y liderazgo”, subrayó el equipo ministerial.
Las palabras del caricaturista que busca cuestionar las ayudas a los damnificados del terremoto utilizando insultos como “ratita” y “pati raquítica” también fueron rechazadas por congresistas y funcionarios en las redes sociales.
“La violencia machista degrada el debate público, desfigura y corrompe el control político y perpetua imaginarios sobre las mujeres que son inaceptables”, escribió la representante Catherine Juvinao.
“La libertad de expresión no es un pasaporte para irrespetar, maltratar a las mujeres y atacarlas con bajezas”, sostuvo el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.
En el comunicado, el Gobierno Nacional hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para examinar las palabras del caricaturista y determinar las posibles sanciones que puedan existir.
“La lucha contra la violencia de género exige coherencia institucional. No puede existir una condena selectiva: lo que se rechaza cuando afecta a unas mujeres no puede justificarse, minimizarse o ignorarse cuando se dirige contra otras”, concluyó el Gobierno nacional.









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