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Funcionarios de la Alcaldía de Medellín adelantaron un megaoperativo en la plazoleta de la estación Caribe del Metro, donde retiraron 12 casetas que habrían sido instaladas de manera irregular en un área ocupada.
El procedimiento fue liderado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y se desarrolló en medio de alteraciones del orden público generadas por algunos habitantes del sector, quienes se enfrentaron con integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para exigir la devolución de sus pertenencias.
Algunos videos que circulan en redes sociales muestran a la ciudadanía alterada al momento en que observaban sus casetas siendo desinstaladas. Algunos afirmaron que no les fue notificado el procedimiento.
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Sin embargo, la Alcaldía le indicó a EL COLOMBIANO que ya se había agotado el debido proceso administrativo y jurídico contemplado en la Ley 1801 de 2016, por lo que se estaba dando cumplimiento a una orden relacionada con la recuperación del espacio público.
También señaló que durante el procedimiento “se garantizaron todas las etapas procesales, incluyendo las notificaciones, el seguimiento a los recursos y las acciones constitucionales presentadas por los ocupantes”.
En las casetas se comercializaban frutas, licor, electrodomésticos y otros productos, además de una compraventa, negocios que desarrollaban actividades económicas presuntamente sin el cumplimiento de los requisitos legales para su funcionamiento.
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De igual manera, indicó que durante el procedimiento se evidenció que algunas de estas estructuras estaban conectadas de manera irregular a las redes de servicios públicos. Según la verificación realizada por funcionarios de EPM, estas conexiones representarían un posible delito de hurto de energía y otras infracciones.
Sin embargo, la Alcaldía de Medellín enfatizó que la intervención hace parte de una estrategia integral orientada a la recuperación del espacio público, con el propósito de garantizar el orden y la convivencia ciudadana.
“Ningún proceso de ocupación irregular está por encima de la ley y que, una vez agotadas todas las garantías del debido proceso, la administración actúa para devolver estos espacios a la ciudadanía y proteger los recursos públicos de todos los medellinenses”, se lee en un comunicado.
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