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La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió este lunes una nueva condena contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, declarándolo responsable de 117 hechos delictivos cometidos en el departamento de La Guajira entre 2002 y 2006.
Según lo determinado por el tribunal, los delitos atribuidos a Mancuso y a hombres del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu —una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)— incluyen homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y violencia basada en género, afectando de manera directa a comunidades indígenas Wayúu y otras poblaciones rurales de la región.
Como resultado de la decisión, Mancuso fue condenado a 40 años de prisión, además de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por igual periodo. No obstante, de conformidad con los beneficios de la Ley 975 de 2005 —conocida como Ley de Justicia y Paz— la pena podría reducirse a ocho años si cumple con las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en la sentencia.
El fallo también reconoce reparación colectiva para las comunidades Wayúu de varias zonas de La Guajira, abriendo la posibilidad de medidas de restitución, rehabilitación y garantías para evitar la repetición de tales hechos.
Mancuso, uno de los máximos jefes de las AUC durante el conflicto armado interno colombiano, regresó al país en 2024 tras cumplir más de una década de condena en Estados Unidos por narcotráfico. Su figura ha sido objeto de debate público, especialmente tras ser designado en 2024 como gestor de paz por parte del Gobierno, un rol que no le otorga beneficios judiciales pero que ha generado polémica entre sectores sociales y de derechos humanos.
La condena de hoy se suma a un largo historial judicial que busca responder por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el accionar del paramilitarismo en Colombia y representa un paso más en el proceso de justicia transicional que atraviesa el país.
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