Tras casi tres décadas en manos privadas, el quiosco del parque de San Rafael deberá volver al municipio

Después de cerca de 30 años bajo administración privada, el quiosco del parque principal de San Rafael deberá regresar al control del municipio. La decisión fue adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que anuló el contrato de arrendamiento firmado en 1999 al identificar una cláusula de prórroga automática, figura que no está permitida en este tipo de acuerdos públicos.

De acuerdo con el análisis jurídico, el contrato tenía una duración inicial de tres años, por lo que su vigencia debía finalizar en 2002. Sin embargo, la inclusión de una renovación automática llevó a que continuara operando sin sustento legal, lo que derivó en el proceso judicial que finalmente ordena su restitución.

El caso tomó impulso en 2016, cuando la administración municipal decidió no extender el acuerdo y acudió a la vía judicial para recuperar el inmueble. Posteriormente, en 2022, un juzgado administrativo falló a favor del municipio, decisión que ahora fue confirmada en segunda instancia el pasado 26 de febrero.

El fallo establece un plazo de dos meses para hacer efectiva la entrega del quiosco. En caso de que no se cumpla este término, un juez podría intervenir para garantizar la restitución.

Desde la administración municipal, el asesor jurídico, Alberto Hincapié, indicó que el municipio debe ceñirse a lo ordenado por la justicia y cumplir con los trámites legales correspondientes para lograr la recuperación del bien, sin actuaciones por fuera del procedimiento establecido. “Desde la alcaldía no estamos facultados para hacer uso de la fuerza o retirar inmuebles sin orden judicial, por lo que esperaremos a que se cumplan los dos meses que da el fallo judicial, por lo que la entrega se realizará a través de las actuaciones del despacho competente”, sostuvo Hincapié.

Mientras tanto, entre quienes desarrollan actividades económicas en el lugar hay preocupación por el futuro del espacio. Víctor García, vocero de los emprendedores que operan en el quiosco, señaló que más de 50 personas dependen de este punto para comercializar sus productos. “Pedimos que se respete la integridad del quiosco y que se busquen alternativas que permitan continuar con nuestras actividades”, expresó.

El representante agregó que la propuesta de los comerciantes es que el espacio pueda ser arrendado nuevamente, pero bajo esquemas legales y a término fijo, priorizando a asociaciones o colectivos locales del municipio, de manera que los beneficios económicos se mantengan en la comunidad y se reinviertan en proyectos con impacto social.

Por ahora, el arrendatario del inmueble, Rigoberto, no se ha pronunciado públicamente frente a la decisión judicial.

La situación ha generado distintas reacciones en el municipio. Mientras algunos habitantes ven en la medida una oportunidad para reorganizar y fortalecer el uso del espacio público, otros advierten sobre el impacto que podría tener en la dinámica económica y en un lugar que, con el paso de los años, se ha convertido en un punto representativo de la vida local.