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La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunció la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas de seguridad en Colombia, tras identificar presuntas irregularidades relacionadas con la infiltración de estructuras criminales en este sector.
De acuerdo con la entidad, la decisión se adoptó luego de investigaciones que evidenciaron un patrón en el que compañías legalmente constituidas habrían sido utilizadas para facilitar actividades ilícitas, mediante el uso de personal, recursos y armamento autorizado al servicio de organizaciones ilegales.
El superintendente Larry Álvarez Morales explicó que las anomalías detectadas no corresponden a hechos aislados, sino a una modalidad sistemática en la que algunas empresas, pese a cumplir inicialmente con los requisitos legales, desvían su operación hacia economías ilegales.
Entre los hallazgos más relevantes, las autoridades señalaron el uso indebido de armas autorizadas en hechos delictivos, así como la presencia de personal vinculado a estructuras criminales dentro de estas compañías. Estas prácticas, según la Superintendencia, podrían estar relacionadas con delitos como lavado de activos y apoyo logístico a organizaciones ilegales.
Las medidas adoptadas impactan empresas en distintas regiones del país, incluyendo ciudades como Barranquilla, donde algunas compañías ya enfrentan cancelaciones definitivas de sus licencias en fallos de primera instancia.
La entidad también informó que al menos ocho empresas adicionales continúan bajo investigación y podrían ser objeto de sanciones similares en los próximos meses, lo que sugiere que el alcance del fenómeno podría ser mayor.
Pese a la gravedad de los hallazgos, la Superintendencia destacó que la mayoría de las empresas del sector operan dentro del marco legal y cumplen un papel clave en la seguridad del país, generando empleo para más de 360.000 familias.
Finalmente, el organismo reiteró que continuará fortaleciendo los mecanismos de supervisión, con apoyo de la Fiscalía y otras entidades del Estado, para prevenir la infiltración criminal y garantizar la legalidad en la prestación de estos servicios.
Estas son las 31 empresas de seguridad que estarían infiltradas por estructuras criminales:
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