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Sofía y Antonella Petro, hijas del expresidente Gustavo Petro, se pronunciaron mediante una carta pública sobre las denuncias que enfrentan a su padre. Sin mencionar nombres, el texto se refiere a la denuncia de una mujer y se conoce en medio del caso que involucra a Deicy Jiménez, quien asegura que Petro la vinculó con contratos del Estado a cambio de favores sexuales.
El comunicado está dividido en cuatro apartados, en los que las hermanas hablan como feministas, como militantes de izquierda, como mujeres de izquierda y como hijas.
Como feministas, afirman que siempre será su deber hacer un llamado a tomar con seriedad las denuncias de las mujeres y a pedir que sean protegidas. Según el texto, el linchamiento, la burla, la revictimización y la retórica misógina contra la denunciante deben ser rechazados.
Agregan que no tomar esa posición significaría dar crédito a las respuestas misóginas que, según ellas, se activan sistemáticamente cada vez que una mujer hace una denuncia. “No debemos permitir ese precedente”, señalan, y explican que ese es el motivo por el que decidieron escribir. También piden que las investigaciones avancen “con toda celeridad” y tengan en cuenta una perspectiva de género en el análisis del caso.
Como militantes de izquierda, las hermanas aseguran que pueden defender sus principios feministas y, en paralelo, leer “sin ingenuidad” el marco político en el que se enmarca la denuncia. Sostienen que el país vive la llegada al poder de una fuerza política que prometió el aniquilamiento de la izquierda y que trabaja por el desmonte de los avances en igualdad de género y derechos LGBTIQ.
Según la carta, ese sector político y los poderes que lo respaldan intentan instrumentalizar la causa feminista y la lucha de las mujeres, banderas que, de costumbre, desprecian, minimizan o ignoran. “Por nuestra parte: no les seremos útiles”, escriben.
Como mujeres de izquierda, Sofía y Antonella Petro afirman que no se sentirán nunca avergonzadas de haber apoyado a un gobierno que, a su juicio, generó los mayores avances sociales del país en su historia reciente. Aseguran que sacó a millones de personas de la pobreza y que puso una perspectiva de género en sus reformas y políticas públicas como ningún otro.
Señalan que un gobierno no es de una persona, sino de los millones de personas que lo respaldan. Según ellas, es posible e importante exigir autocrítica y que se activen procesos internos del partido frente a la denuncia y, al mismo tiempo, no atender el llamado de la ultraderecha, que, aseguran, busca el borrado de los avances populares del gobierno anterior.
Las autoras agregan que un movimiento siempre será más grande que sus individuos, porque las ideas perduran más allá de sus líderes. En su criterio, la izquierda colombiana tiene décadas por delante para seguir construyéndose y para construir un proyecto de país más justo, y es en eso en lo que sus militantes, plurales y diversos, deben colocar sus esfuerzos.
En el último apartado, las hermanas afirman que, como hijas, confían en que su padre, como ya lo ha dicho, comparecerá ante la justicia sin dilación. Según escriben, esa respuesta le corresponde únicamente a él.
Señalan que Petro sabe, más que nadie, que durante su gobierno y desde antes ha tenido críticas feministas en casa, críticas de comportamientos machistas. Aseguran que estarán para él, pero que no renunciarán a sus posiciones políticas y éticas.
Sobre el escrutinio público, afirman que, mucho antes de esta denuncia y más allá de ella, la vida pública y privada de su padre ha pasado por un examen minucioso que a ningún otro político se le ha hecho en el país. “Ojalá se tuviera esa misma vara para todos”, escriben. Agregan que, en ese escrutinio de décadas, nunca ha sido comprobado ningún hecho de corrupción.
Por eso, y porque dicen haber sido educadas en casa en el respeto por lo público, aseguran confiar en que Gustavo Petro no es un hombre corrupto y ha sido respetuoso con el erario público. Sin embargo, aclaran: “En cualquier caso, lo que creamos poco importa; es la justicia la encargada de determinar la verdad”.
Cabe recordar que el caso se originó el domingo 25 de octubre de 2026, cuando la revista Semana publicó una entrevista de Deicy Jiménez. En ella, la mujer contó que conoció a Petro en 2019, cuando era senador, a través de una página de citas para adultos. Según su versión, él no se presentó inicialmente con su nombre real y, cerca de un mes después, se encontraron en un hotel de Cali.
Jiménez afirmó que luego recibió contratos en entidades del Estado, entre ellas el Congreso, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, como una forma de pago por favores sexuales. También habló de una supuesta red de entre 30 y 40 mujeres, en su mayoría jóvenes, que habrían sido contratadas de la misma manera.
Ese mismo día, Petro difundió en X un comunicado de dos páginas en el que negó las acusaciones. “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales”, escribió. Aseguró además que nunca sometió a una mujer ni cometió un delito en sus relaciones sexuales, y atribuyó las denuncias a una operación política que, según dijo, viene del Gobierno de Abelardo de la Espriella, sin presentar pruebas públicas de esa afirmación.
Video, chat y celular: las pruebas que han surgido
El miércoles 4 de noviembre, Jiménez publicó en Instagram un video de 55 segundos que, según ella, muestra un encuentro con Petro, y lo presentó como prueba de que dice la verdad. En el mensaje pidió garantías de seguridad para ella y su familia y dijo que haría responsable a Petro si algo les ocurriera. Petro respondió que el material debe ser evaluado por expertos y reiteró que nunca usó un contrato del Estado para obtener favores. Por su parte, María Paula Fonseca, exsubgerente de RTVC en el gobierno Petro, cuestionó que el video sirva de prueba de pagos por servicios sexuales a través de contratos públicos.
Además, se conoció un chat en el que Petro, siendo presidente, habría ordenado mantener un contrato a Jiménez en el Ministerio del Interior, de más de 11 millones de pesos mensuales. La conversación habría sido con Angie Rodríguez, entonces directora del Dapre, a quien Petro le habría dicho que “esta persona necesita que la tengan allí en el contrato MinInterior” y le habría adjuntado una hoja de vida. La respuesta atribuida a Rodríguez fue: “Perfecto señor presidente”.
El abogado Alejandro Carranza, defensor de Petro y de la congresista María José Pizarro, en cuya UTL trabajó Jiménez, sostuvo que se trataría de un montaje y anunció acciones judiciales por una certificación laboral de HispanTV que, según él, habría sido usada por Jiménez. El canal dijo que no expidió ni autorizó ese documento.
Jiménez declaró durante cerca de cuatro horas ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el jueves 29 de octubre, ante el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, donde ratificó sus señalamientos. El magistrado ordenó además una inspección a la Secretaría del Senado para reunir información sobre los contratos que ella tuvo en el Congreso.
Su entonces abogado, Andrés Felipe Caballero, renunció a la defensa por motivos de seguridad, y la representación quedó en manos de la abogada Dina Luz Malo. La diligencia que la Fiscalía tenía prevista para el martes 3 de noviembre no se realizó por esa renuncia. Tras la publicación del video, Jiménez entregó su celular para una copia espejo y asistió a una diligencia en la Fiscalía que, según dijo, se extendió por 15 horas y 45 minutos y terminó después de la medianoche.
La Procuraduría abrió una indagación previa y citó a Jiménez a declarar el lunes 9 de noviembre, en el marco de una eventual investigación disciplinaria. Además, el partido Salvación Nacional denunció a Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
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