«Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro»: Deicy Jiménez publica video como «prueba»
Resumen: Resumen: Deicy Jiménez publicó en redes un video de 54 segundos que, según ella, prueba su relación con Gustavo Petro. Dijo que hace responsable al expresidente si algo le sucede a ella o a su familia. Su declaración ante la Fiscalía sigue pendiente tras la renuncia de su abogado.
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Deicy Jiménez volvió a sacudir la política nacional este martes 4 de noviembre. La mujer que denunció al expresidente Gustavo Petro por presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales publicó en sus redes sociales un video de 54 segundos que, según ella, es la prueba de que está diciendo la verdad sobre la relación que sostiene haber tenido con el exmandatario.
Captura de video.
«Hoy publicó este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro», escribió Jiménez en la publicación con la que acompañó el video.
Según la joven, de 27 años y oriunda de Sevilla (Valle del Cauca), los favores sexuales habrían sido pagados con al menos cinco contratos durante el cuatrenio pasado. Esa es su versión: la comprobación de esos señalamientos está en manos de la justicia.
El escándalo estalló el pasado 25 de octubre, cuando Jiménez contó en una entrevista que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, a través de una página para adultos, y que después se trasladó a Bogotá, donde empezó a trabajar con contratos de prestación de servicios en entidades públicas. También aseguró que existiría una red de entre 30 y 40 mujeres en una situación similar. Esas afirmaciones siguen siendo su versión y requieren corroboración.
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Jiménez ya rindió declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el pasado 29 de octubre, en una diligencia de cerca de cuatro horas en la que, según su defensa, ratificó cada uno de sus señalamientos. Además, anunció que entregará su teléfono celular a la Policía Judicial porque, asegura, allí reposan chats, fotos y videos que respaldarían su testimonio.
También está pendiente de una audiencia en la Fiscalía, que fue aplazada después de que su abogado, Andrés Felipe Caballero, renunciara a acompañarla por motivos de seguridad. La denunciante deberá comparecer con un nuevo apoderado en una fecha que aún no se ha definido.
Por ahora, el caso está en manos de la Fiscalía, que abrió una noticia criminal; de la Procuraduría, que adelanta una indagación previa; de la Corte Suprema, donde la denuncia contra Petro y la excongresista María José Pizarro quedó por reparto en manos del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado; y de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Los sectores cercanos al petrismo le han pedido públicamente a Jiménez que entregue las pruebas de sus señalamientos. El expresidente y su abogado, Alejandro Carranza, han rechazado de manera enfática las acusaciones y han asegurado que la conducta del exmandatario siempre ha estado apegada a la ley; incluso han denunciado que hay presiones contra funcionarias y exfuncionarias para que lo señalen.
«Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales», afirmó Petro en un comunicado publicado días atrás, en el que aseguró que hay un intento de invadir su vida íntima. Su defensa ha hablado de un presunto montaje en su contra.
La parte que sí se puede revisar en registros públicos es la contractual. Según el Secop, Jiménez firmó diez contratos con el Estado por $133,5 millones entre 2021 y 2026, todos por contratación directa. Siete de ellos, por $116,9 millones, corresponden al gobierno de Petro: cuatro con el Senado, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Que los contratos existan no prueba, por sí solo, que hayan sido entregados como pago por encuentros íntimos: esa es la discusión de fondo que deberán resolver las autoridades.
Tras hacerse pública su denuncia, el Gobierno nacional activó el 25 de octubre la ruta de protección de la Unidad Nacional de Protección para salvaguardar su vida y su integridad, por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella. La defensora del Pueblo, Iris Marín, también pidió priorizar las investigaciones del caso.
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Con la publicación de este video, Jiménez insiste en que su testimonio es cierto y pone el caso de nuevo en el centro del debate nacional, mientras la Corte Suprema y la Fiscalía adelantan las actuaciones para esclarecer los llamados «contratos por sexo».

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