¡Segunda vez! Corte Suprema aplazó hasta febrero de 2027 audiencia contra Bonilla y Velasco por UNGRD

La Corte Suprema de Justicia aplazó por segunda vez la audiencia preparatoria contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La nueva fecha quedó fijada para el 2 de febrero de 2027.

La diligencia se reprogramó porque las defensas de los exfuncionarios aseguran que todavía no han podido conocer en su totalidad las pruebas que tiene la Fiscalía y que están bajo cadena de custodia. Entre los problemas reportados por los abogados hay documentos que no abren, archivos encriptados y otros que requieren contraseñas.

Este mismo inconveniente ya había provocado el primer aplazamiento de la audiencia. La magistrada de la Sala señaló que el nuevo plazo busca que las partes completen la revisión de los elementos probatorios y superen las dificultades técnicas, por lo que pidió que para la próxima sesión estén listas las solicitudes de pruebas y las razones por las que consideran que deben ser admitidas.

«Entendemos que abrir los documentos que están sometidos a cadena de custodia va a llevar cierto tiempo. Hemos acordado que esta audiencia se llevará a cabo el día 2 de febrero de 2027. Creemos que es un tiempo razonable, prudente, que va a facilitar el trabajo de las partes, para que se complemente el descubrimiento probatorio», señaló la magistrada.

Por su parte, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, cuestionó que la Fiscalía presente documentos que, según él, ni siquiera conoce, y aseguró que esta situación está dificultando el trabajo de la defensa. También reclamó que no se hayan revisado conversaciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, que considera relevantes para el proceso.

«¿Cómo es posible que en un sistema de partes llegue quien acusa con una serie de documentos que no conoce? Atosigando a la defensa para que no podamos concentrarnos, por ejemplo, en los chats de Olmedo que la Fiscalía no vio y que tienen cosas gravísimas que el país debe conocer. Uno sí pide en este tipo de actuaciones lealtad y yo no la he sentido», indicó Velasco.

A su turno, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cuestionó que entre los documentos entregados haya información que, según él, no tiene relación con la investigación. Sin embargo, su principal reclamo fue que la Fiscalía habría dejado por fuera elementos que considera necesarios para esclarecer el manejo de los recursos públicos.

«Pero más grave aún es lo que no hay, lo que la Fiscalía nunca miró. La Fiscalía no trae absolutamente nada ni hizo seguimiento de pruebas al peculado de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Se quedó con eso, se quedó con la confesión y no lo siguió. La Fiscalía no ha sido leal con nosotros», señaló Bonilla.

Frente a estos cuestionamientos, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, rechazó que las dificultades en el descubrimiento de las pruebas signifiquen una falta de transparencia del ente acusador. Explicó que la Fiscalía solicitó documentos a la Corte Suprema y que recibió copias completas de los expedientes, incluso de información que no había requerido específicamente, por lo que decidió entregar todo ese material a las defensas.

«La Fiscalía ha descubierto todo lo que tiene, y no ha descubierto aquello que no tiene. Hemos sido tan leales que hemos descubierto con total transparencia todo lo que tenemos. Si ello no fuera así, el alegato de hoy no sería que nosotros les damos información que no es pertinente», sostuvo la fiscal, quien agregó que corresponde a las defensas adelantar sus propias investigaciones y buscar los elementos que consideren necesarios para respaldar sus teorías del caso.

La magistrada, por su parte, aclaró que la Sala hizo un llamado a garantizar la lealtad procesal, pero que no estaba atribuyendo una actuación desleal a la Fiscalía.

Fotos: MinInterior / ENS

El escándalo de la UNGRD, conocido como el caso de los carrotanques, estalló en 2024 y sacudió al Gobierno nacional. En el centro del entramado están Olmedo López, exdirector de esa entidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, quienes confesaron el direccionamiento de contratos y el pago de sobornos para sacar adelante decisiones clave en el Congreso. La Fiscalía acusó formalmente a Bonilla y Velasco por direccionamiento de contratos en abril de este año.

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Con la nueva fecha, el proceso contra los dos exministros continuará el 2 de febrero de 2027, cuando la Sala espera que las partes lleguen con el descubrimiento probatorio completo y las solicitudes de pruebas listas para su admisión.