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La millonaria contratación del Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) para impulsar la energía solar en el país enfrenta un bache importante.
La noticia más reciente que se tenía sobre esta entidad adscrita al Ministerio de Minas señalaba que, tras la suspensión de su director Brayan Giraldo Ruiz, este tomó la decisión de ceder su contrato a un funcionario cercano.
Con esta maniobra, según confirmaron fuentes a El Tiempo, se pretendía rescatar y tramitar un proceso clave de la agenda pública del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, este diario confirmó que la licitación fue cancelada por completo.
El proyecto en cuestión abarcaba la contratación, implementación, operación, mantenimiento y monitoreo de Sistemas Solares Fotovoltaicos en áreas urbanas del Sistema Interconectado Nacional, en el marco del programa Colombia Solar.
Ante el escenario, en la mañana de hoy, María Nohemí Arboleda, nueva ministra de Minas, tomó cartas en el asunto y designó formalmente a la consultora y abogada Melba Pérez para que lidere una revisión exhaustiva del estado real en el que se encuentra la entidad.
La decisión de frenar el contrato no vino de afuera, sino de la misma entidad. La Unidad Investigativa de El Tiempo conoció el documento mediante el cual Camilo Andrés Becerra, el mismo funcionario al que le habían cedido el contrato, resolvió cancelar el proceso.
En los argumentos expuestos para dar un paso al costado, se admite de forma contundente que el Fenoge falló en aspectos estructurales, tales como la publicación oportuna de las respuestas, el informe final y el orden de elegibilidad de los oferentes.
De igual manera, el documento de cancelación reconoce que se vulneraron los principios de publicidad y transparencia, dado que los participantes jamás conocieron a tiempo los resultados definitivos de la evaluación.
Entre las revelaciones más impactantes figura una carta suscrita por el subdirector jurídico del Fenoge, Camilo Iván Rincón, quien advirtió la existencia de irregularidades de fondo tan graves que hacían completamente inviable la adjudicación del contrato, tasado en más de 164.422 millones de pesos.
En dicha misiva, Rincón denunció abiertamente que se le restringió el acceso a carpetas e información clave tan pronto como comenzó a encender las alarmas sobre las anomalías.
Ante la gravedad de los hechos, el jurista solicitó de inmediato la suspensión o anulación del proceso, respaldando su petición con informes forenses y análisis de metadatos digital. Asimismo, exigió remitir las actuaciones a la plataforma transaccional SECOP II y frenar la publicación del informe preliminar de evaluación.
El funcionario señaló directamente como responsable a la cabeza directiva de la entidad al denunciar que el 8 de julio de 2026, el director ejecutivo del Fenoge suscribió de manera unilateral la adenda No. 3 del proceso IA-006-2026.
A la par de las tensiones internas, la Procuraduría intervino advirtiendo una inminente nulidad del proceso que podría acarrear graves consecuencias disciplinarias y penales para los implicados.
En una comunicación fechada el 30 de julio y firmada por el procurador delegado Marcio Melgosa, el órgano de control le recriminó al exdirector Giraldo Ruiz que las explicaciones entregadas sobre los extemporáneos cambios contractuales fijados en la Adenda 3 resultaban del todo insatisfactorias.
La Procuraduría determinó que la Adenda 3 fue expedida fuera del plazo legal, pues el cronograma establecía como límite el 8 de julio de 2026 a las 2:59 p. m., mientras que un peritaje de la DNIE estableció que el archivo fue creado a las 7:52 p. m. de ese día.
Para el ente de control, la alteración del registro de tiempo afectó la validez y confiabilidad del documento y podría configurar el delito de falsedad ideológica en documento público.
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