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La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre el proceso judicial contra la cadena de ropa femenina Lili Pink, señalada de, presuntamente, hacer parte de un entramado que habría permitido el lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos en Colombia.
De acuerdo con la investigación, la organización habría utilizado una red de importadoras, comercializadoras y empresas de papel para simular operaciones de comercio exterior, facilitando el ingreso de mercancía como prendas de vestir, juguetes y cosméticos. Estos productos eran posteriormente distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito y de contrabando.
El caso involucra directamente a la marca Lili Pink, reconocida por la comercialización de ropa interior, deportiva, pijamas y productos de belleza, y que actualmente cuenta con una amplia red de tiendas en el país. Según las autoridades, esta estructura comercial habría sido utilizada como parte del esquema para mover dinero ilícito y evadir controles aduaneros.
Las maniobras detectadas por la Fiscalía incluían la fragmentación de transacciones, la simulación de relaciones comerciales y la creación de empresas fachada, con el objetivo de dificultar la trazabilidad del dinero e integrarlo al sistema económico formal.
En el desarrollo del proceso, la Fiscalía también documentó un presunto enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones de pesos. Asimismo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha realizado aprehensiones y decomisos de mercancía avaluada en más de 54.000 millones de pesos, mientras que el posible contrabando superaría los 75.000 millones.
Como parte de las acciones judiciales, un juez de control de garantías de Bogotá emitió órdenes de captura contra presuntos integrantes de la red, las cuales se encuentran en proceso de materialización.
En paralelo, la Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, en operativos realizados en 59 municipios de 25 departamentos del país, donde la cadena tiene presencia.
Pese a la magnitud del caso, las propiedades intervenidas continuarán operando mientras avanza el proceso judicial. Por su parte, la empresa ha manifestado que colabora con las autoridades y que adelanta acciones legales para responder a las investigaciones en curso.
El caso sigue en etapa de investigación, por lo que serán las autoridades judiciales las que determinen responsabilidades y eventuales sanciones.
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