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La destrucción de la subestación policial del corregimiento de Guamalito, en el municipio nortesantandereano de El Carmen, marca un pico de violencia en una serie de atentados contra bases de la Fuerza Pública desde la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, con 12 incidentes registrados hasta ahora en todo el país.
La devastación de la sede policial en Guamalito empezó la semana pasada, con dos ataques ejecutados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con explosivos y ráfagas de fusil.
El segundo de esos ataques afectó gravemente la estructura, dejando a los uniformados a la intemperie y expuestos al enemigo. Por esta razón, la Policía tomó la decisión de evacuar a los 21 funcionarios que prestaban su servicio en la subestación.
Tras la salida de los policías, el ELN arremetió de nuevo este jueves, completando la destrucción de la sede.
Según fuentes militares, este es el quinto ataque contra bases de la Fuerza Pública en Norte de Santander desde agosto, con el inicio del nuevo mandato presidencial.
En la noche del 3 de septiembre, el objetivo fue el batallón de Infantería Francisco de Paula Santander, en el municipio de Ocaña, el cual fue atacado por el ELN con drones y ametralladoras. El resultado fue de tres militares heridos y una población vecina aterrorizada.
A ese hecho lo precedió la explosión de un carrobomba contra la estación de Policía del municipio de Los Patios, el pasado 31 de agosto, que dejó un civil muerto y 11 heridos, entre ellos dos policías.
El 13 de agosto el ELN lanzó un ataque aéreo con drones en la modalidad de enjambre, los cuales bombardearon con granadas una base militar en el sector La Esmeralda, del municipio de Convención. Las máquinas lanzaron 43 explosivos que destruyeron parte de la edificación y dejaron dos militares lesionados.
Y el 1° de agosto, todavía con De la Espriella en calidad de presidente electo, el blanco fue el comando del Departamento de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta. El carrobomba detonó cerca de la edificación y del mercado de Cenabastos, dejando 11 policías y tres civiles lesionados.
Además de Norte de Santander, Cauca ha sido el otro departamento afectado por esta racha terrorista.
Al amanecer del 6 de septiembre fue atacada una base del Ejército en el municipio de Inzá, en Cauca, a punta de drones y fusilería. Los soldados repelieron la arremetida, sin bajas ni heridos en sus filas.
De manera simultánea, las disidencias de las Farc hostigaron la subestación de Policía de El Carmelo, en el municipio caucano de Cajibío, sin lensionados tampoco. Ambos hechos fueron atribuidos al Estado Mayor de las Farc (EMC).
En la noche del domingo 30 de agosto, los terroristas dispararon siete cilindros-bomba (“tatucos”) desde un furgón estacionado en la vía, contra la sede del Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N°29 del Ejército, ubicado en el municipio de El Patía, en Cauca.
El resultado fue de un soldado profesional herido, además de afectaciones en la infraestructura de las instalaciones militares. El Ejército sospecha del frente Carlos Patiño del EMC.
El 29 de agosto anterior hubo un ataque con un dron a la estación de Policía del municipio de Pailitas, en Cesar, que dejó tres uniformados lesionados.
A las 6:20 a.m. del 26 de agosto hubo otra arremetida durante una hora con drones y ráfagas de fusil contra la estación de Policía del municipio de El Tambo, en Cauca. A la sede le cayeron 21 explosivos, y también a las viviendas vecinas.
El 19 de agosto se había registrado un hostigamiento con la misma modalidad en la estación policial del municipio de Norosí, en Bolívar, que dejó siete policías lesionados, entre ellos tres de gravedad.
El 8 de agosto hubo otro ataque con drones, esta vez a la subestación de Policía del corregimiento de San Roque, en el municipio de Curumaní (Cesar). Allí murió el subintendente Argemiro Rodelo Canchila y uno de sus compañeros quedó herido.
En total, estos 12 atentados han dejado dos muertos y 39 heridos. A esos incidentes se suman múltiples ataques a patrullas militares en el terreno, en el marco de los combates en las áreas más críticas del conflicto armado.
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Para las autoridades, esta situación marca una respuesta violenta del ELN y el EMC a la ofensiva militar promovida por el nuevo Gobierno.
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