Procuraduría presiona a Invías a que instale rápido el puente vehicular en el Urabá

Arreglar el puente entre San Juan de Urabá y Arboletes de manera prioritaria fue el requerimiento que hizo en las últimas horas la Procuraduría al Invías, debido a los retrasos que lleva la reconstrucción de este puente, luego de que colapsara el pasado 3 de febrero por cuenta de las fuertes lluvias.

“La Procuraduría General de la Nación exhortó al Instituto Nacional de Vías (Invías) a solucionar de manera prioritaria las dificultades técnicas que han impedido culminar la instalación del puente provisional sobre el río San Juan, que conecta a San Juan de Urabá con Arboletes”, dice el pronunciamiento.

Esto se debe a que la promesa de entrega de obras estaba prevista para el pasado 31 de julio, pero se han presentado retrasos en su ejecución, lo que llevó a que las comunidades afectadas tuvieran que manifestarse a comienzos de mes.

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Los comerciantes de este municipio, ubicado a 429 kilómetros de Medellín, señalaron que esta situación los está llevando a la quiebra porque el aislamiento ha generado sobrecostos en el transporte de mercancías y personas.

Durante estos meses han tenido que sobrevivir haciendo uso de planchones y otros medios de transporte marítimos para no quedar completamente aislados con Arboletes y el resto de los municipios del Urabá antioqueño.

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Debido a los inconvenientes técnicos, Invías informó a los habitantes de este municipio urabaense que la reapertura del puente estaría prevista para el próximo 31 de octubre, es decir, tres meses más de espera y pérdidas económicas.

Ante esto, la Procuraduría señaló que la entidad nacional deberá avanzar en las verificaciones técnicas y de seguridad para que se pueda dar, con certeza, una fecha de reapertura sin seguir moviendo los plazos.

“Se pide avanzar en las verificaciones técnicas y de seguridad que le permitan informar con prontitud la fecha en la que será puesta en servicio la estructura, teniendo en cuenta las graves afectaciones que enfrentan los productores, comerciantes, habitantes y transportadores de la región”, indicó el Ministerio Público.

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