hace 12 horas
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Los procesos disciplinarios involucran hechos ocurridos en Campamento y Tarso en Antioquia.
Las decisiones disciplinarias corresponden a dos procesos distintos que involucran hechos ocurridos en los municipios de Campamento y Tarso, en Antioquia, y que están relacionados con presuntas fallas en la gestión pública y en la garantía de derechos fundamentales.
En el primer caso, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Campamento, Juan Pablo Torres Piedrahita, quien estuvo al frente del municipio entre 2020 y 2023, así como contra siete exconcejales de ese mismo periodo.
La investigación está relacionada con la adecuación del Centro de Acopio de Panela, un proyecto que tuvo una inversión superior a los 400 millones de pesos. Según el órgano de control, las obras se habrían iniciado en el predio donde funcionaba el antiguo matadero municipal sin que existiera autorización del Concejo para el cambio de destinación del lote.
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Además, la Procuraduría investiga la presunta destinación irregular de elementos retirados de las instalaciones del antiguo matadero, los cuales, al parecer, habrían sido entregados por el entonces alcalde a uno de los exconcejales para ser utilizados en una propiedad privada, sin que mediara un acto administrativo ni una justificación legal que respaldara dicha decisión.
Por estos hechos, el ente de control calificó de manera preliminar la presunta conducta del exalcalde como una falta grave cometida a título de dolo, mientras que la de los exconcejales fue catalogada como una falta gravísima, también a título de dolo.
En otro proceso independiente, la Procuraduría formuló cargos contra la comisaria de Familia de Tarso, Antioquia, María Cristina Rúa Muñoz, por una presunta omisión en el desarrollo de cuatro procesos de restablecimiento de derechos de menores de edad adelantados durante el año 2021.
De acuerdo con la investigación disciplinaria, la funcionaria habría dejado vencer los plazos legales sin adoptar decisiones de fondo en esos casos, lo que ocasionó la pérdida de competencia y habría afectado la garantía efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes, cuyo interés superior debía ser protegido de manera prioritaria.
Por estos hechos, la Procuraduría calificó de forma provisional la presunta conducta de la comisaria como una falta grave cometida a título de culpa grave, al considerar que no se habrían aplicado de manera oportuna los principios de celeridad, eficacia y protección integral.
Ambos procesos continúan en etapa disciplinaria y deberán surtir las siguientes fases procesales, mientras se define si existe responsabilidad disciplinaria por parte de los investigados.
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