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La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años a Elkin Darío Franco García, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de Cobro Coactivo y Fiscalización de la Alcaldía de El Retiro, Antioquia, tras establecer su responsabilidad disciplinaria en hechos de acoso sexual contra una contratista de la Administración Municipal.
La decisión fue anunciada por el organismo de control el sábado 24 de octubre de 2026 y corresponde a un fallo de primera instancia. Según la Procuraduría, los hechos investigados ocurrieron entre abril y diciembre de 2024, periodo durante el cual el funcionario habría realizado comentarios de connotación sexual, insinuaciones inapropiadas y acercamientos físicos no consentidos en diferentes espacios laborales.
De acuerdo con el ente disciplinario, estos comportamientos afectaron la dignidad humana y los derechos fundamentales de la contratista. En su evaluación, la entidad señaló que las conductas constituyeron manifestaciones de violencia de género en el entorno laboral y propiciaron situaciones que comprometieron el bienestar de la mujer dentro de la institución.
La Procuraduría calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo, al considerar que el comportamiento vulneró los principios que deben orientar el ejercicio de la función pública y afectó gravemente la dignidad de la víctima.
La sanción impuesta contempla la destitución del cargo y una inhabilidad general por 10 años para ejercer funciones públicas. Esta última medida restringe, durante el tiempo establecido, la posibilidad de desempeñar cargos públicos y de ejercer otras actividades comprendidas en la inhabilidad, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
No obstante, al tratarse de una decisión de primera instancia, el fallo puede ser objeto de los recursos legales correspondientes. La información divulgada por la Procuraduría no precisa si la decisión ha sido apelada o si se encuentra en firme.
El caso vuelve a poner en discusión la importancia de los mecanismos de prevención y atención del acoso sexual en los entornos laborales de las entidades públicas, así como las responsabilidades disciplinarias de los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes y en la protección de los derechos de quienes trabajan o prestan servicios para la administración.
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