Pacto Histórico convoca movilizaciones para el 19 de noviembre contra la Ley de Rescate Económico del Gobierno

El Pacto Histórico convocó a una jornada de movilizaciones para el próximo jueves 19 de noviembre en diferentes regiones de Colombia, en rechazo a la Ley de Rescate Económico que impulsa el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La convocatoria se suma al llamado de organizaciones sindicales, sociales y sectores de oposición que anunciaron un paro nacional para esa fecha. Entre las principales razones de la protesta están los cambios tributarios planteados por el Ejecutivo, los posibles efectos sobre el bolsillo de los hogares y las medidas de reducción del gasto público que contempla la iniciativa. 

Desde el Pacto Histórico, las críticas se concentran especialmente en la propuesta de ampliar el cobro del IVA del 5 % al 19 % para determinados productos de la canasta familiar, bienes agropecuarios y servicios como la medicina prepagada. También han cuestionado los posibles recortes presupuestales en sectores como educación y el SENA. 

Otro de los motivos de inconformidad tiene que ver con la participación de la oposición en el trámite legislativo: sus integrantes han reclamado que no se les haya permitido tener representación entre los ponentes iniciales del proyecto, lo que, según han advertido, limita su participación en la discusión y presentación de alternativas. 

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La convocatoria del 19 de noviembre también reúne a centrales obreras, organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles y otros movimientos sociales. En su pronunciamiento, los convocantes plantearon que la jornada será de carácter nacional y pacífico, y que busca expresar su rechazo a las políticas económicas del Gobierno, además de defender las reformas sociales, los derechos laborales, la educación y la salud públicas.

En cuanto al trámite legislativo, el proyecto fue radicado el 29 de octubre en la Cámara de Representantes con mensaje de urgencia y todavía no ha superado su primer debate. 

El Gobierno comenzó el 11 de noviembre mesas de trabajo con congresistas para explicar la iniciativa y buscar acuerdos. Además, cedió frente a las críticas y aceptó ampliar el grupo de ponentes para permitir mayor participación de diferentes fuerzas políticas. 

Sin embargo, persisten diferencias sobre cuáles comisiones deben estudiar la propuesta: un concepto de la Unidad de Asistencia Técnica Legislativa recomendó que intervengan las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, con el trámite de los artículos tributarios iniciado en la Comisión Tercera de la Cámara. 

La iniciativa contempla un ajuste fiscal de aproximadamente 50 billones de pesos para 2027, equivalente a 2,35 puntos del PIB. De ese monto, alrededor de 12,4 billones provendrían de reducciones del gasto estatal, mientras que el grueso se obtendría mediante nuevos impuestos y contribuciones. Entre las medidas está la ampliación del IVA al 19 % para productos que actualmente tienen una tarifa del 5 % o están excluidos, con una devolución para hogares pobres y sectores vulnerables. 

El Gobierno defiende la reforma como necesaria para estabilizar las finanzas públicas y contener el crecimiento de la deuda; sus críticos advierten sobre el impacto que podrían tener los nuevos gravámenes en el consumo, la inflación y los ingresos de los hogares. La discusión deberá avanzar con rapidez, pues el Ejecutivo busca que la ley quede aprobada antes de finalizar el año para que pueda entrar en vigencia en 2027.

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