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Una investigación periodística publicada por The New York Times reveló la presunta operación de una mina de oro ilegal en inmediaciones —y posiblemente dentro— del Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional, en zona rural entre Cáceres y Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño.
El reportaje, elaborado por el fotoperiodista Federico Ríos Escobar, documentó la actividad de la mina conocida como “La Mandinga”, que, según la denuncia, estaría controlada por el Clan del Golfo. De acuerdo con la investigación, la explotación se desarrolla a gran escala en un área con presencia militar y habría avanzado hasta zonas cercanas e incluso dentro del perímetro de la unidad castrense.
Tras conocerse la publicación, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, calificó la situación como “inconcebible” y anunció el despliegue de una comisión para verificar los hechos. “Se actuará con todo el rigor de la ley”, señaló el funcionario, quien indicó que la inspección permitirá establecer si la actividad minera se realizaba dentro del batallón o en predios colindantes.
El jefe de la cartera también explicó que el área donde opera la mina corresponde a un predio que perteneció al exjefe paramilitar conocido como alias ‘Macaco’, actualmente bajo administración estatal a través de la Sociedad de Activos Especiales y el fondo para la reparación de víctimas. Según detalló, se trata de una extensión de aproximadamente 2.000 hectáreas que ha sido ocupada por entre 2.000 y 2.500 personas dedicadas a la minería.
De acuerdo con versiones recogidas por medios de comunicación, durante una visita al lugar, el comandante del batallón, teniente coronel Daniel Echeverry, y el periodista observaron equipos utilizados para la extracción de oro, como motores y mangueras. Tras ordenar su destrucción, se habría presentado una protesta de mineros, quienes, según fuentes militares, rociaron con gasolina al oficial y al comunicador y los amenazaron. La situación posteriormente fue controlada.
El ministro reiteró que se adelanta una investigación urgente para esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades. A través de sus canales oficiales, aseguró que no se tolerarán vínculos entre integrantes de la Fuerza Pública y economías ilegales, ni omisiones en el cumplimiento de las funciones institucionales.
En cuanto a las acciones contra la minería ilegal, el funcionario indicó que en lo corrido del año se han intervenido cerca de 2.500 minas y destruido más de 1.000 máquinas en distintas regiones del país, incluido el Bajo Cauca, una de las zonas más afectadas por esta actividad.
Las autoridades mantienen en curso la verificación en terreno para determinar el alcance de la denuncia y definir las medidas correspondientes.
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