Nuevo fallo aclara qué pueden hacer los trabajadores si una empresa les niega retirar sus cesantías

Un reciente fallo judicial en Colombia estableció límites claros a las empresas frente a las solicitudes de retiro de cesantías por parte de los trabajadores, precisando qué acciones pueden tomar los empleados cuando este derecho es negado.

La decisión fue emitida por el Tribunal Superior de Medellín, que analizó el caso de un trabajador a quien su empresa le negó el retiro parcial de sus cesantías para la compra de un lote. El empleador argumentó que el inmueble no sería utilizado como vivienda debido a su ubicación en un departamento distinto al lugar donde el empleado residía y trabajaba.

Sin embargo, el tribunal concluyó que las empresas no pueden imponer condiciones adicionales a las establecidas en la ley para autorizar el retiro de cesantías. Según la decisión, el empleador puede verificar la documentación presentada por el trabajador, pero no puede basar su negativa en suposiciones o en interpretaciones subjetivas sobre el uso futuro del dinero o el proyecto personal del empleado.

De acuerdo con la legislación colombiana, las cesantías son una prestación social que funciona como un ahorro obligatorio equivalente aproximadamente a un mes de salario por cada año trabajado y pueden utilizarse, entre otros fines, para educación o adquisición de vivienda.

El fallo también establece una ruta para los trabajadores en caso de que su solicitud sea rechazada. En primer lugar, se recomienda presentar la solicitud formal con los soportes correspondientes, como promesas de compraventa o certificados de estudio. Si la empresa mantiene la negativa, el trabajador puede exigir una respuesta por escrito y acudir ante un inspector del Ministerio del Trabajo para que evalúe si hubo una actuación irregular por parte del empleador.

En el caso analizado por el tribunal, aunque se concluyó que la empresa se extralimitó al negar la autorización, el trabajador no obtuvo una indemnización económica porque no logró demostrar que la negativa de la compañía fuera la causa directa de la pérdida del negocio inmobiliario que pretendía realizar.

Más allá de este caso particular, la decisión judicial sienta un precedente al recordar que las empresas deben limitarse a verificar los requisitos documentales exigidos por la ley y no pueden restringir el acceso a las cesantías con base en criterios subjetivos o interpretaciones propias.