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El Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Transporte, prepara en Colombia una reforma al Código Nacional de Tránsito para modificar el sistema de multas y revisar cursos, licencias y trámites como los relacionados con el RUNT, el SIMIT y la revisión técnico-mecánica.
La iniciativa, cuyo borrador comenzó a elaborarse a finales de agosto de 2026, busca reducir costos y simplificar procedimientos, pero mantendrá los controles frente a conductas que representan riesgos para la seguridad vial.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó que la propuesta parte de una revisión del esquema actual de sanciones y de los costos que deben asumir los conductores. Según el Ministerio, el Código Nacional de Tránsito lleva más de dos décadas vigente y ha tenido cinco reformas, por lo que el Gobierno plantea actualizarlo frente a las condiciones actuales.
Entre los cambios que estudia la cartera están la proporcionalidad de las multas respecto de la capacidad económica de los ciudadanos, la reducción de cobros asociados al RUNT y el SIMIT, modificaciones en los costos de los cursos, una revisión de la vigencia de las licencias y nuevos plazos para la revisión técnico-mecánica. También se analiza la simplificación de trámites que el Gobierno considera costosos o innecesariamente complejos.
Noguera ha señalado que el objetivo no es eliminar las sanciones, sino revisar las consecuencias económicas que pueden acumularse después de un comparendo.
“Entre sanciones, intereses, patios y grúas, un colombiano puede acabar pagando más de un salario mínimo y hasta perder la moto o el carro con el que trabaja y lleva el sustento a su hogar. Eso es un abuso y no lo vamos a permitir”, expresó la ministra.
En una entrevista con Semana, la funcionaria también sostuvo que el aumento de multas, cursos y trámites no se ha traducido en una reducción de la siniestralidad. En ese contexto, planteó revisar los costos de licencias, revisión técnico-mecánica, patios, grúas y fotodetección.
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La revisión económica del sistema no contempla retirar las sanciones para los comportamientos que el Ministerio identifica como factores de riesgo en las vías. Noguera mencionó de manera específica tres situaciones:
1. Conducir con exceso de velocidad.
2. Manejar bajo los efectos del alcohol.
3. No utilizar casco ni cinturón de seguridad.
“Seremos firmes frente a conductas que ponen vidas en riesgo, como el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o no usar casco y cinturón”, afirmó Noguera en entrevista con Semana.
De acuerdo con los valores de las multas para 2026 publicados por el Ministerio de Transporte, la infracción C.29, correspondiente a conducir a una velocidad superior a la máxima permitida, tiene una sanción de $633.111. El Código Nacional de Tránsito establece para esta conducta una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes.
En el caso de conducir bajo los efectos del alcohol, las consecuencias dependen del grado de alcoholemia y de la reincidencia. Entre las sanciones contempladas están multas económicas, inmovilización del vehículo y suspensión de la licencia de conducción. Los valores máximos pueden superar los $60 millones.
Para quienes circulen en motocicleta sin casco o conduzcan un vehículo sin utilizar el cinturón de seguridad, las sanciones previstas en el Código también se mantienen mientras no entre en vigencia una eventual reforma.
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La discusión sobre el régimen sancionatorio ocurre mientras las cifras de seguridad vial muestran un incremento de las muertes en Colombia. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre enero y junio de 2026 fallecieron 4.751 personas en siniestros viales, frente a 3.959 durante el mismo periodo de 2025. La diferencia es de 792 víctimas y representa un aumento cercano al 20 %.
En ese escenario, el Gobierno plantea que la modificación del Código debe mantener como uno de sus ejes la protección de la vida, al tiempo que revisa las cargas económicas relacionadas con las infracciones.
“El Gobierno nacional mantendrá como prioridad la protección de la vida y la seguridad vial, pero garantizará que las sanciones y los trámites no se conviertan en negocios que afecten injustamente a las familias colombianas”, dijo la ministra.
La propuesta también está relacionada con la revisión de los sistemas de fotodetección. El Ministerio anunció que evaluará las reglas para la autorización y funcionamiento de estas herramientas con el objetivo de que estén orientadas a la seguridad vial y no únicamente al recaudo.
Por ahora, el nuevo Código de Tránsito no ha entrado en vigencia. Lo que existe es un borrador en preparación que deberá continuar su trámite antes de convertirse en una nueva norma. Mientras ese proceso avanza, las obligaciones y sanciones contempladas en la legislación vigente continúan aplicándose.
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