Nueva EPS al borde del colapso: embargos por $2,1 billones ponen en riesgo a 11 millones de usuarios.

La entidad enfrenta embargos por 2,1 billones de pesos que mantienen bloqueadas sus cuentas bancarias y frenan el pago a más de 5.000 prestadores

La operatividad de Nueva EPS, la aseguradora de salud más grande de Colombia, ha entrado en una fase crítica que pone en riesgo la atención de sus 11 millones de afiliados. La entidad reconoció oficialmente que su funcionamiento administrativo y la prestación de servicios están comprometidos debido al bloqueo total de sus cuentas bancarias. Esta parálisis financiera es consecuencia de 95 procesos judiciales interpuestos por diversas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del país, las cuales reclaman el pago de servicios médicos adeudados.

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Los embargos judiciales contra la entidad alcanzan la cifra de 2,1 billones de pesos, lo que ha impactado severamente el flujo de capital hacia clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos a nivel nacional. Actualmente, la EPS solo dispone de los fondos provenientes del giro directo semanal para mantenerse en funcionamiento, ya que el resto de sus fuentes de financiación permanecen retenidas por orden judicial. Esta crisis no solo afecta la estabilidad de la organización, sino que amenaza la sostenibilidad de aproximadamente 5.000 prestadores de salud que dependen financieramente de estos pagos, provocando ya la restricción de atención en centros médicos y el freno en la entrega de medicamentos por parte de las farmacias.

Nueva EPS ha cuestionado la legalidad de estos bloqueos, argumentando que los juzgados están reteniendo recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), los cuales gozan de una protección legal que los hace inembargables. A este complejo panorama se suma una falta de transparencia financiera, pues la entidad —que actualmente está intervenida por el Gobierno nacional— acumula tres años sin presentar sus estados financieros oficiales. La organización advirtió que, de no levantarse los embargos, su viabilidad administrativa será nula, dejando en una vulnerabilidad extrema a millones de ciudadanos colombianos.

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